El proyecto de Ley de Soberanía Nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei contempla penas de hasta 15 años de prisión por determinadas campañas de desinformación. FOPEA y especialistas en derecho constitucional advierten sobre los riesgos para el periodismo, la crítica política y el debate público.

El proyecto de Ley de Soberanía Nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei abrió un debate sobre la libertad de expresión en Argentina. La iniciativa, enviada al Congreso en el contexto de la disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas, contempla penas de hasta 15 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con campañas de desinformación, manipulación de la opinión pública y acciones contra el Estado. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y especialistas advirtieron que la redacción de algunos artículos podría afectar el ejercicio del periodismo y la discusión de asuntos de interés público.

Soberanía nacional y conflicto por Malvinas

La iniciativa legislativa se conoció en un escenario de creciente tensión diplomática por las actividades de empresas petroleras extranjeras que proyectan desarrollar explotaciones de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.

Entre las compañías mencionadas se encuentran la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que esperan comenzar a extraer petróleo en 2028. Las actividades proyectadas generaron cuestionamientos desde Argentina y dieron lugar a denuncias vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

En ese contexto, el Gobierno promovió un proyecto orientado a reforzar la protección de la soberanía nacional. Sin embargo, el alcance de las disposiciones penales incluidas en el texto abrió una discusión que excede la cuestión territorial y alcanza las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.

Qué establece el artículo 111 del proyecto

El artículo 111 propone penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

La disposición también contempla conductas vinculadas con la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes. Según el texto difundido por Deutsche Welle, las penas podrían elevarse a entre ocho y 15 años cuando concurran circunstancias adicionales, como amenazas, sobornos, coerción o la intervención de estructuras criminales.

El alcance concreto de estas disposiciones y la forma en que se determinarían las conductas sancionables constituyen el centro de las objeciones formuladas por organizaciones periodísticas y especialistas. La discusión gira, particularmente, en torno a cómo diferenciar una operación deliberada de desinformación de una investigación periodística, una opinión crítica o una interpretación controvertida sobre asuntos públicos.

FOPEA y especialistas advierten sobre la libertad de expresión

El Foro de Periodismo Argentino consideró que el proyecto excede los objetivos de soberanía y seguridad y representa un riesgo para la libertad de expresión. La organización pidió al Congreso revisar el artículo cuestionado para evitar restricciones al debate público, la penalización del ejercicio legítimo del periodismo y los límites indebidos a la crítica política.

Alejandro Suárez, monitor de libertad de expresión de FOPEA en la provincia de Buenos Aires, planteó interrogantes sobre los criterios que permitirían establecer cuándo existe manipulación de la opinión pública. La preocupación se concentra en la posibilidad de que conceptos amplios o imprecisos habiliten interpretaciones que afecten la actividad de periodistas y otros actores sociales.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó en la red social X la incorporación de un tipo penal que calificó como abierto e indeterminado. A su entender, esa formulación podría producir un efecto inhibitorio sobre periodistas, investigadores, organizaciones sociales, dirigentes políticos y ciudadanos.

Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que la iniciativa podría convertirse en una herramienta de persecución política. Su interpretación se suma a las objeciones que plantean la necesidad de delimitar con precisión las conductas punibles y preservar las garantías constitucionales.

La estrategia de inteligencia estatal

Las críticas también se vinculan con el plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que en 2025 identificó entre sus focos de interés a actores capaces de erosionar la confianza en funcionarios, manipular la opinión pública o afectar la percepción social de las políticas gubernamentales.

La referencia a ese antecedente incorporó otra dimensión al debate: la relación entre las políticas de seguridad e inteligencia, la protección de las instituciones y las garantías para el disenso en una sociedad democrática.

La cuestión central consiste en determinar cómo combatir las operaciones coordinadas que puedan afectar procesos electorales o promover acciones violentas sin establecer restricciones que alcancen también a la información periodística, la investigación, la crítica política o la expresión ciudadana.

Qué puede pasar con el proyecto de Ley de Malvinas

El debate parlamentario deberá determinar el alcance definitivo de las disposiciones propuestas y si corresponde introducir modificaciones para precisar las conductas sancionables. Las objeciones de FOPEA y de los especialistas ponen el foco en la necesidad de establecer definiciones claras, evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar el respeto de los derechos constitucionales.

El desafío institucional es compatibilizar la defensa de la soberanía nacional y la prevención de operaciones de injerencia extranjera con la protección de la libertad de expresión. La discusión no se limita a los instrumentos disponibles para enfrentar campañas de desinformación: también involucra los límites que debe respetar el Estado al recurrir al derecho penal.

La evolución del proyecto en el Congreso será determinante para conocer si las advertencias formuladas por organizaciones periodísticas, constitucionalistas y dirigentes políticos se traducen en cambios en el texto. Hasta entonces, las penas mencionadas corresponden a una iniciativa legislativa y no deben presentarse como sanciones vigentes.