Malvinas: una demanda ambiental lleva la disputa pesquera a los tribunales
Una organización reclama daños por décadas de capturas y la Justicia argentina aceptó analizar el caso. Qué se conoce y qué queda por determinar.
La discusión sobre las islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el terreno judicial y ambiental. La jueza federal Mariel Borruto aceptó intervenir en un expediente impulsado por la Fundación Agustina Lerena contra empresas vinculadas con la pesca en aguas del archipiélago.
El reclamo no se limita a los permisos de explotación. La organización sostiene que las capturas objetadas comprometen la sostenibilidad de las especies y los intereses económicos y alimentarios argentinos. Esas consecuencias integran la acusación de la demandante y deberán ser evaluadas en el proceso.
La presentación judicial se formuló el 9 de octubre y comprende actividades desarrolladas durante un período de 36 años, entre 1989 y 2025. El cálculo de la entidad menciona más de cuatro millones de toneladas de pescado y solicita un resarcimiento multimillonario.
Entre las compañías señaladas figuran sociedades con capital español y otras que operan con bandera de las islas. La información difundida no establece una resolución sobre la conducta individual de cada una de ellas.
El expediente se inscribe en un escenario diplomático singular: Londres ejerce la administración de las islas, mientras Buenos Aires mantiene su reclamo de soberanía. La aceptación de competencia de la jueza permite avanzar en la tramitación, pero no equivale a una decisión sobre el fondo de la controversia.
FUENTES CONSULTADAS
