El Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para reformar la Ley 26.639 y facultar a las provincias a definir qué geoformas tienen “función hídrica efectiva”, un cambio que abre la puerta a evaluaciones locales y, según críticos, a la megaminería en alta montaña.

La reacción fue inmediata: organizaciones ambientales señalaron que modificar la norma sería “un ataque directo al agua de los argentinos” y alertaron que la reforma debilita un piso legal de protección que existe desde 2010. “Sin agua, no hay desarrollo posible”, resumieron en un comunicado conjunto organismos como FARN y otras entidades.

En el plano político, el exministro Daniel Filmus fue explícito: “Se puede vivir sin oro, pero no sin agua”, frase que se instaló como lema de la resistencia a cualquier recorte de la ley.

Ricardo Alfonsín, histórico dirigente que en distintas intervenciones públicas defendió la protección de los glaciares, advirtió en otras oportunidades sobre el valor estratégico de esos hielos: “los glaciares en la cordillera son la segunda reserva de agua dulce del país”, posición que recoge la preocupación por la potencial merma en salvaguardas legales.

Fuentes científicas y ONG remarcan que la norma actual adopta un enfoque preventivo que evita daños irreversibles en cuencas; reemplazarlo por criterios evaluativos provinciales —según denuncian— puede uniformar riesgos y generar conflictos jurisdiccionales.