La Federación del Personal de Vialidad Nacional alertó que el 75% de la red vial argentina requiere intervenciones urgentes. Denuncian parálisis, vaciamiento y un sistema de concesiones que, aseguran, beneficia a empresas privadas con financiamiento estatal.

La red vial argentina atraviesa una situación crítica. Así lo advirtió la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que aseguró que 30.000 de los 40.000 kilómetros de rutas del país necesitan mantenimiento urgente, con un 65% a 70% de los tramos en estado regular o directamente malo. La advertencia encendió alarmas en materia de seguridad vial, transitabilidad y costos futuros para el Estado.

Fabián Catanzaro, secretario gremial del organismo, expresó una “profunda preocupación” ante el escenario de “parálisis y vaciamiento” que —según señaló— atraviesa Vialidad Nacional como consecuencia de la política gubernamental de “obra pública cero”.
Si bien la estructura formal del organismo no fue disuelta, aseguró que el proceso de desfinanciamiento continúa avanzando, con impacto directo en la capacidad operativa.

En diálogo con Splendid AM 990, el dirigente afirmó que el sector se encuentra en una verdadera “emergencia vial”, agravada por el deterioro de la infraestructura, la caída del salario real y el empeoramiento de las condiciones laborales.

Cuestionamientos al modelo de concesiones

El gremio también criticó el sistema de concesiones impulsado por el Gobierno en esta nueva etapa de privatización, al que califican como un “negocio financiero” para empresas privadas que reciben, además, financiamiento estatal a través del Banco BICE con tasas preferenciales del 2%.

Catanzaro explicó que estos proyectos fueron licitados como inversión privada, pero hoy cuentan con créditos subsidiados y dos años de gracia, lo que —a su entender— elimina todo riesgo empresarial.
“Con estas condiciones, no harán más que bachear o realizar dos repavimentaciones en 20 años”, señaló respecto de las concesiones adjudicadas en rutas estratégicas como la 14 y la 12, conocidas como la “ruta del Mercosur”.

Pérdida de personal y condiciones laborales

El deterioro también afecta a la estructura interna del organismo. El secretario gremial denunció que el congelamiento salarial por un año y un protocolo disciplinario que restringe el derecho de defensa generaron un escenario expulsivo que ya provocó la pérdida de casi el 20% del personal entre renuncias, despidos y jubilaciones.

“Estamos perdiendo a los recursos más calificados”, advirtió.
Además, señaló que la paralización de obras impide demostrar que el Estado puede ejecutar proyectos de manera eficiente y a costos más bajos que los del sector privado.

Un problema que se multiplicará con el tiempo

El gremio advierte que el abandono de tareas de mantenimiento generará un fortísimo impacto financiero a futuro, ya que “recuperar una ruta deteriorada cuesta entre tres y cinco veces más que mantenerla”.

Catanzaro sostuvo que el país se aproxima a un “cuello de botella del que costará mucho salir” si no se revierte la paralización actual.

Reclamos de gobernadores, intendentes y obras claves paralizadas

La preocupación por el estado de la red vial se reproduce en distintos niveles del Estado.
El dirigente confirmó que mantienen contacto con gobernadores e intendentes que reclaman la reactivación de obras paralizadas y la urgente recuperación de la transitabilidad.

También recordó que existe una obligación legal de preservar la infraestructura existente, lo que derivó en múltiples amparos judiciales en distintas provincias, generalmente favorables a los demandantes.

Entre las rutas más críticas mencionó la 151 (La Pampa), la 3 al sur de Bahía Blanca, la 23, la 9 y la 34 en el NOA, y la 7 y la 8 más allá del conurbano bonaerense. Todas presentan deterioro avanzado y requieren intervenciones inmediatas.