Aunque la Cámara de Diputados estará formalmente fragmentada en múltiples bloques, la dinámica política real girará en torno a dos grandes coaliciones enfrentadas al Gobierno nacional, con un rol clave de los bloques provinciales en cada votación.

La nueva conformación de la Cámara de Diputados mostrará, en los papeles, una multiplicidad de bloques que reflejan identidades partidarias diversas y estrategias de negociación. Sin embargo, en la práctica política, la dinámica del recinto estará determinada por solo dos grandes coaliciones que se alinearán a favor o en contra del Gobierno nacional, con más de 90 bancas cada una.

Esta arquitectura parlamentaria no surge únicamente del resultado electoral, sino también de la ingeniería política posterior, donde los bloques se reordenan según afinidades ideológicas, distancias con el Poder Ejecutivo y capacidades de negociación. Un ejemplo claro es la relación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO: aunque formalmente constituyen bloques separados, en los hechos actúan como una sola fuerza en las votaciones más relevantes.

En ese esquema polarizado, el oficialismo contará con un bloque dispuesto a acompañar las iniciativas del Ejecutivo, mientras que el otro gran espacio se ubicará claramente en la vereda opositora. Ambos superarán ampliamente las 90 bancas, dejando en el centro del tablero a dos bloques intermedios de alrededor de 15 legisladores cada uno, cuya influencia será decisiva.

Uno de esos espacios estará referenciado en gobernadores de origen peronista no alineados con el kirchnerismo, entre los que se destacan Tucumán, Salta, Catamarca y Misiones. Se trata de un peronismo pragmático, dispuesto a negociar con la Casa Rosada en función de intereses provinciales concretos.

El segundo bloque intermedio será el de Provincias Unidas, de origen más heterogéneo, con mandatarios provinciales provenientes del PRO, la UCR y el cordobesismo. Ambos sectores se disputarán el tercer lugar en la Cámara y buscarán inclinar la balanza en votaciones clave.

No obstante, el Gobierno nacional parte con una ventaja clara: los recursos políticos, económicos y de gestión para negociar con las provincias superan ampliamente a los de la oposición. En ese marco, al menos en Diputados, el Ejecutivo tendría garantizado —en principio— un tratamiento favorable para buena parte de sus proyectos.

Pero ese escenario no estará exento de tensiones. La construcción de consensos será obligatoria en reformas estructurales. La reforma laboral, por ejemplo, exigirá acuerdos con representaciones sectoriales de trabajadores y empresarios. En tanto, la reforma impositiva colocará en el centro del debate a los gobernadores, ya que impacta de lleno en el sistema de coparticipación.

Por eso, los analistas advierten que no habrá un Congreso de funcionamiento estático. La lógica será dinámica, con acuerdos ley por ley, negociaciones permanentes y un equilibrio político en constante redefinición. En los próximos dos años, Diputados será el verdadero termómetro de la gobernabilidad.