Aunque la legislación argentina establece que las escuelas deben garantizar la matrícula de estudiantes con discapacidad, en la práctica muchas familias se encuentran con obstáculos que impiden el acceso efectivo al sistema educativo común. Pedidos de documentación extra, demoras injustificadas y respuestas ambiguas por parte de las instituciones forman parte de un problema persistente.

Uno de los principales conflictos aparece en el momento de la inscripción. Algunas escuelas solicitan evaluaciones médicas o informes profesionales que no son obligatorios por norma, lo que termina funcionando como un filtro informal para desalentar la matrícula. Estas prácticas, si bien no siempre se explicitan, generan exclusión desde el inicio del recorrido educativo.

A esta situación se suma la falta de recursos para sostener la inclusión. La ausencia de docentes de apoyo, la escasa capacitación en educación inclusiva y las deficiencias edilicias son argumentos frecuentes utilizados por las escuelas para justificar la negativa a inscribir alumnos con discapacidad, aun cuando la responsabilidad de garantizar esos recursos corresponde al Estado.

El resultado es una brecha que se amplía año tras año: estudiantes que quedan fuera de la educación común, familias obligadas a iniciar reclamos administrativos y un sistema que incumple su propio marco normativo.