En medio de una recesión histórica y con una inflación descontrolada que ya supera el 190% anual, el gobierno de Javier Milei dio otro paso decisivo en su cruzada por desmantelar el Estado. Esta semana, a través del Decreto 274/2025, el Poder Ejecutivo eliminó la capacidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para querellar en causas de lavado de activos y corrupción. En términos simples: el Estado renuncia a su rol de acusador en los procesos judiciales donde se investiga el lavado de dinero.

El argumento oficial para justificar esta medida se ampara en tecnicismos. Según el decreto, la decisión busca “evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal” y “optimizar recursos”. Pero en la práctica, la medida implica un fuerte retroceso institucional en la lucha contra el delito financiero y envía una señal clara al mercado: el gobierno no va a mirar de dónde viene la plata.

“Quitarle a la UIF la facultad de querellar es desarmar uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el Estado para llevar a los corruptos y lavadores de dinero ante la Justicia”, advirtió María Eugenia Talerico, ex titular del organismo, quien fue tajante al denunciar lo que considera un desmantelamiento deliberado del sistema antilavado.

Capitales sin preguntas

Lejos de tratarse de una simple decisión administrativa, el decreto encierra una lógica profunda: permitir el ingreso de capitales opacos, sin controles ni exigencias. En un contexto donde el gobierno apuesta todo al ingreso de divisas para sostener la bicicleta financiera, el modelo libertario parece estar dispuesto a dejar de lado cualquier escrúpulo institucional.

La señal es clara: vengan con los dólares que acá no se pregunta nada.

El mensaje cobra especial gravedad en un contexto donde ya hay denuncias por operaciones con información privilegiada, compras anticipadas de dólares a precios artificialmente bajos y oscuros vínculos entre funcionarios y operadores del mercado. La hermana del Presidente, Karina Milei, fue denunciada por malversación de fondos y por haber tenido conocimiento previo sobre la devaluación que llevó al dólar de $1.000 a $1.230 en pocos días.

Justicia sin testigos

La nueva disposición también establece que la UIF no se retirará formalmente de causas sensibles como Hotesur, Los Sauces o Cuadernos, pero limitará su participación a una “postura pasiva”. En la práctica, estarán presentes, pero sin molestar. Es decir, sin hacer preguntas, sin presentar pruebas, sin promover el avance de las investigaciones.

Detrás del tecnicismo legal, se esconde una decisión política: garantizar impunidad, no solo hacia el pasado, sino también hacia los nuevos actores del poder económico y financiero que orbitan al gobierno.

Para los más críticos, este paso no es solo un guiño a los capitales de origen dudoso. También abre la puerta al uso discrecional de la inteligencia financiera para fines políticos: disciplinar opositores, extorsionar empresarios o espiar a ciudadanos incómodos.

El Estado ausente como ideología

Mientras la pobreza supera el 50%, la inflación devora salarios y el Gobierno acumula más de 20 mil millones de dólares en nueva deuda con el FMI, el “decreto de la impunidad” completa el esquema: negocios sin controles, justicia sin testigos y Estado sin herramientas para investigar.

No se trata de una reforma técnica, sino de una declaración ideológica. La misma que permite ajustar sin anestesia a los sectores populares, mientras se blindan los privilegios de quienes fugan, lavan o saquean recursos públicos.

En la Argentina de Milei, la única libertad que importa es la de mover capitales sin rendir cuentas. Y la única justicia que se tolera es la que no molesta a los poderosos.