En el contexto de una recesión profunda, con salarios pulverizados por la inflación y una pobreza estructural en expansión, el gobierno de Javier Milei ha logrado algo impensado: contener el conflicto social sin mayores estallidos en las calles. Pero esta “paz social” tiene un precio, y no es menor.

El plan de ajuste económico, eje del proyecto libertario de Milei, ha sido brutal con los sectores más vulnerables. El recorte de subsidios, la licuación del gasto público y la eliminación o congelamiento de programas sociales han desmantelado, en tiempo récord, muchas de las herramientas que históricamente amortiguaban el impacto de las crisis en los barrios más pobres.

Sin embargo, a diferencia de otras épocas, las grandes movilizaciones no han brotado con fuerza. ¿Qué cambió?

Organizaciones sociales: de actores clave a blanco del gobierno

El gobierno ha desplegado un enfoque de mano dura no solo en lo económico, sino también en lo político. Protocolos represivos que criminalizan la protesta y un discurso que estigmatiza a las organizaciones sociales han sido parte de la estrategia para acallar las voces disidentes.

Las organizaciones, que durante años sostuvieron comedores, cooperativas y redes de contención territorial, han sido sistemáticamente debilitadas. Su financiamiento se ha reducido al mínimo, sus dirigentes fueron judicializados o marginados del debate público, y en su lugar, el gobierno apostó por una lógica verticalista que excluye el diálogo.

Este vaciamiento ha generado un vacío peligroso: en los márgenes donde el Estado se retira, otros actores ganan terreno.

Narcotráfico: el reemplazo del Estado en los barrios

Allí donde las organizaciones sociales retroceden, el narcotráfico avanza. Hoy, en muchas villas y asentamientos, las bandas narco no solo venden droga: también dan de comer, pagan medicinas, financian celebraciones comunitarias y, lo más inquietante, ofrecen “empleo” a jóvenes sin futuro.

El narco se ha convertido, en los hechos, en el nuevo actor social. Sus redes sustituyen funciones que antes cumplían los movimientos sociales y, en ocasiones, el propio Estado. Una suerte de economía paralela que opera sin regulación, pero con fuerte legitimidad en los territorios donde la necesidad impera.

Contención por omisión: una estrategia riesgosa

En su afán por evitar protestas masivas que pongan en jaque el rumbo económico, el gobierno parece haber optado por tolerar —cuando no alentar pasivamente— esta reconfiguración del tejido social. La represión selectiva y la criminalización de la pobreza conviven con una inacción llamativa frente al crecimiento del narcotráfico.

La contradicción es evidente: se destruye el sistema de planes sociales en nombre de la “cultura del trabajo”, mientras se permite que el crimen organizado imponga sus propias reglas, con violencia y sin límites.

El costo social del ajuste: entre el silencio y la supervivencia

Lo que parece una estrategia de “contención exitosa” podría transformarse en una bomba de tiempo. Con las organizaciones sociales debilitadas, el tejido comunitario erosionado y las bandas criminales en ascenso, el Estado pierde no solo presencia, sino legitimidad.

En esta lógica, el ajuste no solo destruye ingresos: también reconfigura los vínculos sociales, refuerza el miedo y empuja a los más pobres a sobrevivir en los márgenes de la legalidad.

El gobierno de Milei, en su cruzada por la ortodoxia fiscal, ha optado por dejar hacer, dejar pasar… incluso al crimen. La paz social que exhibe, hoy, se sostiene sobre bases tan frágiles como inquietantes. Porque en los barrios más golpeados, donde antes se organizaba la resistencia, hoy reina un nuevo orden: el de la supervivencia al precio de cualquier legalidad.