La CEPAL, organización de referencia para América Latina, entiende que la transparencia  gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Esto incluye la divulgación de información en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y de manera proactiva, a iniciativa propia de las entidades públicas. Además de que la información clave acerca de los entes privados esté disponible ya sea directamente o a través de organismos públicos.

Hablar de transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos, sino básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos.

Por ello, también resulta importante que existan canales de protección para los funcionarios públicos que denuncien y hagan pública la información que revela actos de corrupción, conductas inapropiadas, irregularidades, mala administración o derroche de recursos públicos dentro del gobierno, y que existan mecanismos mediante los cuales se actúe en consecuencia frente a estas revelaciones (protección para aquellos que plantean la alerta, si lo hacen internamente o por hacer públicas dichas revelaciones). También debería haber sanciones por no informar irregularidades.

En tal sentido, la idea de los datos abiertos se sustenta en que deben estar disponibles de manera libre para todos en términos de poder acceder, utilizar y volver a publicar dichos datos, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control o propiedad. La información del sector público puesta a disposición como datos abiertos se denomina “Open Government Data”.

Para CEPAL, un dato es considerado abierto  cuando hay:

1. Disponibilidad y acceso: el dato está disponible integralmente y a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargable en la Internet; también tiene que estar disponible en un formato conveniente y modificable.
2. Reutilización y redistribución: el dato es ofrecido en condiciones que permitan la reutilización y redistribución, incluyendo el cruzamiento con otros conjuntos de datos.
3. Participación universal: todos los ciudadanos pueden usar, reutilizar y redistribuir la información, sin discriminación con las áreas de actuación, personas o grupos. Restricciones “no comerciales” que prevendrían el uso comercial de los datos, o restricciones de uso para ciertos propósitos (por ejemplo “sólo para educación”) no son permitidas.

Es importante poner de resalto que en octubre de 2015, durante la cumbre de la Alianza para el Gobierno abierto (AGA) que se realizó en México, fue estrenada oficialmente la “Carta Internacional de Datos abiertos”. Esta carta, a la cual adhirió la Argentina, es una iniciativa multilateral y colaborativa, que ha sido apoyada por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y expertos en la materia. El objetivo principal de la carta es fomentar una mayor coherencia, adoptar e implementar los principios de datos abiertos; y establecer estándares y buenas prácticas en distintas instituciones, gobiernos nacionales y locales alrededor del mundo.

Los mencionados principios que expone la carta son seis:

1: abiertos por defecto, 2: oportunos y exhaustivos, 3: accesibles y utilizables, 4: comparables e interoperables, 5: para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, 6: para el desarrollo incluyente y la innovación

Ahora bien, qué sucede en el municipio de Tigre?

Si ingresás en http://www.tigre.gov.ar/gobierno la portada expone que el Municipio de Tigre tiene “Gobierno Abierto”, pero tal aseveración, resulta incompatible con el concepto de tal modelo de gobierno, dado que por ejemplo la CEPAL sostiene que para darse, debe haber una clara política de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, datos abiertos que cumplan con todos los principios de la carta internacional, y que además exista una política de parlamento abierto, que en el caso de un municipio implicaría la posibilidad de que cada ciudadano acceda a datos de relevancia del Concejo Deliberante, así como del desempeño de cada Concejal.

Pero ahí no terminan las contradicciones y la incompletitud de las políticas que el municipio exhibe como “de transparencia”.  Si en el link mencionado en el párrafo anterior, hacés “click” en “Datos Abiertos”, podrás ver por ejemplo la publicación de los expedientes de compras y contrataciones de diversos rubros, pero resulta imposible el acceso a la visualización de la información correspondiente a cada caso.  Del mismo modo, tomando otro ejemplo, los datos del sistema de salud no exhiben ni siquiera la cantidad de camas disponibles, la cantidad de unidades del sistema de emergencia, cantidad y expertiz de los profesionales de la salud, desempeño del sistema, planes de prevención desarrollados y análisis de los resultados obtenidos, ni el gasto efectuado por vecino en tal rubro.  Solo se expone un mapa con los hospitales (provincial y municipal), así como los Centros de Atención con domicilio, pero sin datos adicionales que sirvan a la información pública.

Respecto de lo antedicho, resulta relevante mencionar a modo de ejemplo, que en una auditoría realizada en 201-2017 por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre las empresas contratadas por la Municipalidad de Tigre para la realización de obra pública (asfaltado, apertura de calles, plazas, entre otras), se verificó que alrededor del 40% de las empresas, carecían de las condiciones mínimas para ser contratistas del Estado Municipal, entre otras cuestiones se encontró que no se encontraban inscriptas en Ingresos Brutos, que poseían la mayoría de sus empleados en negro, sin ART y además, que carecían del capital necesario como garantía a la hora de que la Municipalidad pudiera requerir una garantía de cumplimiento de obra.  Al respecto, no se conoce si tales cuestiones fueron subsanadas o continúan en la misma situación observada.

En el mencionado portal (http://www.tigre.gov.ar/gobierno), hay una fotografía muy amplia del Intendente, donde señala la posibilidad de descargar la publicación denominada “rendición de cuentas 2013-2019”, y, al respecto vale señalar que tal documento, no es más que una mera descripción de la ejecución del presupuesto municipal, sin tener la posibilidad de establecer la eficacia y eficiencia del gasto, dado que Tigre carece de Plan Estratégico consensuado y aprobado, así como de un Plan Operativo Anual (POA), que permita verificar si lo planificado fue efectivamente ejecutado y si esa ejecución fue lo más eficiente posible.  Ello así, la principal oposición (Juntos por el Cambio), aprueba sistemáticamente todas las ejecuciones presupuestarias presentadas por el ejecutivo municipal, aduciendo que con ello “colaboran a la gobernabilidad”.

Entonces, volvamos a lo que sostiene CEPAL, que debería ser un Gobierno Abierto, “…El desafío consiste entonces en tomar al Gobierno Abierto como la matriz que articula todo el proceso de gestión pública. La planificación, el presupuesto, la ejecución, y el seguimiento y evaluación de políticas públicas deben estar basados en este nuevo paradigma…”. Resulta notable, a simple vista, que Tigre carecería de todo lo que CEPAL y otros organismos de transparencia sostienen como bueno para el ciudadano.

Por Mg. Lic. Damián González Farah – Pte. de la Asoc. Civil CONSENSUAR y vecino de Tigre