La reforma al Régimen Penal Tributario incluida en el proyecto que modifica la Ley 27.430 generó fuertes cuestionamientos entre tributaristas y penalistas. El eje de la crítica está puesto en la suba drástica de los montos a partir de los cuales la evasión pasa a ser delito penal, un cambio que, de aprobarse, dejaría fuera del sistema penal a una parte relevante de los incumplimientos fiscales de mayor escala.

El texto eleva el umbral general para denunciar penalmente una evasión de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para maniobras agravadas, como el uso de documentación apócrifa, el piso se fija en $200 millones. Especialistas advierten que estos valores desnaturalizan el régimen vigente, pensado para actuar como herramienta disuasiva frente a conductas sistemáticas de evasión.

Otro punto cuestionado es la ampliación de los mecanismos de extinción de la acción penal mediante el pago, incluso cuando la causa ya fue iniciada. Para varios analistas, esta lógica consolida un esquema donde el incumplimiento deja de tener consecuencias penales reales y se transforma en un problema financiero que puede resolverse a posteriori.

La reforma también amplía los supuestos en los que el organismo recaudador puede abstenerse de denunciar penalmente, invocando diferencias de criterio interpretativo o cuestiones técnico-contables. Ex funcionarios del área tributaria señalan que esta mayor discrecionalidad puede generar asimetrías en la aplicación de la ley y afectar la previsibilidad del sistema.

En paralelo, el proyecto incorpora un régimen de declaración jurada simplificada con topes elevados de ingresos y patrimonio, una herramienta que, según críticos del esquema actual, beneficia a contribuyentes de alto volumen económico y reduce la capacidad de fiscalización estructural del Estado. En el ámbito académico, se advierte que el conjunto de reformas redefine el equilibrio entre control, sanción y recaudación, con un corrimiento marcado del plano penal al administrativo.