La Tercera Cámara de Apelaciones de Mendoza ratificó un laudo arbitral que responsabiliza solidariamente a EcoGreen International LLC, Jugos Australes S.A. y Marcelo Bocardo por no cumplir con la entrega del producto pactado. La decisión judicial alerta al sector vitivinícola cuyano, ya que podría influir en procesos similares en curso. Iberte destinará los fondos recuperados a proyectos sociales y ambientales de largo plazo en Argentina.

La industria vitivinícola de la región cuyana enfrenta un fuerte sacudón tras conocerse una sentencia judicial que ordena el pago de más de USD 16 millones por incumplimiento contractual en la provisión de mosto concentrado a una compañía internacional.

La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza ratificó el laudo arbitral que condena a EcoGreen International LLC, su titular Marcelo Bocardo, y Jugos Australes S.A., por “el perjuicio ocasionado” a la empresa Iberte, luego de no cumplir con la entrega del producto pese a haber recibido el pago correspondiente.

Los detalles del fallo

El tribunal dispuso que los demandados deben responder solidariamente por USD 12.195.750 más intereses, suma que actualmente supera los USD 16 millones.
Según el fallo, existió un “incumplimiento contractual esencial” por parte de las empresas demandadas, al no entregar el mosto acordado y generar un perjuicio económico comprobado.

Además, se impuso una garantía prendaria sobre las acciones personales de Bocardo, reforzando su responsabilidad directa en el incumplimiento. El empresario enfrenta, en paralelo, una causa penal por desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal, y tiene prohibida la salida del país y de Mendoza.

El argumento de la defensa

Bocardo argumentó que Jugos Australes S.A. actuó únicamente como “garante” de un contrato entre dos empresas extranjeras —Iberte y EcoGreen International— y que no fue proveedora de mosto concentrado.
Sin embargo, la Cámara rechazó esta postura, sosteniendo que Iberte fue parte activa del contrato y cumplió sus obligaciones, siendo luego perjudicada por la falta de entrega del producto.

Impacto y antecedentes

El abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, destacó que “la Justicia mendocina envía un mensaje claro: cuando se pacta una obligación, su incumplimiento sistemático genera responsabilidad civil y penal”.

Por otra parte, el apoderado de Iberte, Juan José Retamero, confirmó que el 100% de los fondos recuperados será destinado a través de una fundación a proyectos de bien público y sustentabilidad en Argentina, con un impacto potencial de USD 60 a 80 millones a largo plazo.

Efecto dominó sobre el caso Fecovita

El fallo genera preocupación en el sector vitivinícola, especialmente en la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), que mantiene un litigio con Iberte por una operación similar.
En ese expediente, Iberte denuncia un incumplimiento por parte de Fecovita en la entrega de vino y mosto, y un supuesto desvío de fondos por más de USD 30 millones, además de imputaciones por estafa y falsificación de balances contra exdirectivos de la cooperativa.

“La analogía entre ambos casos es evidente”, explicó Aguinaga. “En los dos se observa el mismo patrón: una parte que entrega capital o producto, y otra que no cumple lo pactado. La sentencia en el caso Bocardo refuerza el precedente jurídico que podría incidir directamente sobre Fecovita”.

Embargos y medidas cautelares

La Justicia dispuso embargos preventivos sobre la planta de mosto y bodega de Jugos Australes en Rivadavia, así como sobre sus exportaciones y cuentas bancarias en Estados Unidos.
A su vez, el Banco Central inició un sumario penal cambiario por presuntas irregularidades en las operaciones de las empresas de Bocardo.

El fallo marca un hito judicial con impacto directo en la economía regional. Además de evidenciar la fragilidad contractual en el comercio exterior de mosto y vino, abre un debate profundo sobre la transparencia empresarial y la responsabilidad de los actores del sector vitivinícola cuyano.

Con los USD 16 millones ahora destinados a fines sociales, el caso combina —paradójicamente— una fuerte sanción judicial con un inédito gesto de reparación pública.