La justicia porteña dio inicio a una causa en la que se investiga a funcionarios de la ciudad y a dos empresas por irregularidades en la adjudicación de contratos en los que habría sobreprecios.

El fiscal Federico Tropea está a cargo de la investigación que involucra a firmas que habrían sido utilizadas para ganar contratos y adjudicaciones de forma irregular por parte de la sociedad del Estado SBASE -propietaria legal de toda la red de subterráneos- y del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. También se investiga a funcionarios de la administración porteña por su posible intervención para direccionar contratos y estar en conocimiento de los sobreprecios pagados por el Estado.

En el expediente se señala que la empresa CITEPA SA facturó entre abril de 2013 y octubre de 2016 un total de 28.600.000 pesos a SBASE. Este monto equivale al 87 por ciento de su facturación total). Por su parte la firma VARBERG SA facturó al gobierno de la ciudad un total de 7.400.000 pesos entre enero de 2015 y abril de 2017, lo que representa el 70 por ciento de su facturación total.

La Unidad de Información Financiera (UIF) señaló en un informe que ambas empresas utilizaron sus ingresos principalmente para invertir en activos financieros “y no al pago de los costos de los servicios facturados”.

También indica que las firmas no asentaron compra de insumos ni pago de sueldos “que permitiera considerar que el precio facturado por los servicios prestados era necesario, por lo que podría estarse frente a un caso de sobrefacturación”.

El organismo alertó que la mayor parte del dinero que las empresas habrían generado con sus ventas fue destinado a una sociedad de bolsa para luego ser retirado en efectivo con destino desconocido.

Por su parte la AFIP determinó que las empresas cuestionadas, CITEPA y VARBERG, serían de Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi, y que “las personas que figuran como accionistas serían meros prestanombres que habrían sido utilizados para ocultar la verdadera propiedad de las empresas”.

La investigación reveló que CITEPA fue contratada para realizar un servicio de “desgrafitado” en los vagones así como de protección contra esta actividad en las formaciones y en las estaciones. El servicio se adquirió en forma directa, sin llamado a licitación, con el argumento de que era el único proveedor que lo brindaba.

Según lo analizado por el organismo CITEPA ofrecía el producto “inventado” por Solmi, con el cual se podrían eliminar los grafitis de los coches del subterráneo y se les aplicaría una capa protectora anti graffiti. La Fiscalía consideró que no hay ningún un informe técnico que certifique la calidad del producto elaborado y distribuido por la empresa proveedora, “ni aquellas características que lo hacen único o exclusivo”.

Cabe destacar que los precios se incrementaron fuertemente con el paso del tiempo y, además, el proceso de desgrafitado en cada vagón al que se le había aplicado la capa antigrafiti, pasó a costar un 100 por ciento más que el desgrafitado original.

La fiscalía investiga el accionar de Andrea Rocca, quien es Coordinadora de Relaciones Institucionales y Gestión Cultural de la Gerencia Corporativa y Comercial de SBASE, y por la titular de dicha Gerencia, Verónica López Quesada.

Por otro lado, las resoluciones de aprobación de contrataciones y libramientos de pagos habrían sido autorizadas por los miembros del Directorio de SBASE, Juan Pablo Piccardo, Enrique Sainz, Guillermo Seefeld, Federico A. Young, Carlos R. Laurito, Alberto Gowland y Gustavo de la Fuente.

CITEPA transfirió casi la totalidad del dinero a una sociedad de bolsa de la que posteriormente los retiró por medio de cheques o en dólares en efectivo tras la inversión en bonos. Después del cobro, la firma dejó de operar.

A fin de junio de 2014 fue inscripta la firma VARBERG SA, a la que el fiscal Tropea califica de “una suerte de continuadora de CITEPA” cuyos integrantes formales eran Mario Agustín Aguilar y Gustavo Horacio Andonian. Según lo determinó la AFIP sus dueños reales eran Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi. Al igual que CITEPA, recibió pagos de SBASE.

VARBERG fue contratada por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en al menos 11 oportunidades veces. El expediente subraya  que en todas las órdenes de obra figuran el mismo teléfono que en el sitio web de Solmi S.A., “lo que muestra serios indicios de que los funcionarios del Ministerio de Educación tenían conocimiento que la empresa contratista era manejada por los imputados, en su propio beneficio”

En seis de las contrataciones se precisa que CITEPA había presupuestado los trabajos pero que fueron adjudicados a VARBERG por ser el oferente menor tener una mejor oferta. “Se puede inferir que los funcionarios imputados habrían aparentado una competencia transparente de precios para la adjudicación de contratos, haciendo participar a la otra empresa que manejaban Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi”, se menciona en el expediente.

Juan Francisco Freire Aurich, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación dispuso las adjudicaciones y desembolsos en cuatro adjudicaciones; mientras que Alberto Gowland, subsecretario de Gestión Económico Financiero y Administración de Recursos del Ministerio de Educación lo hizo en otras dos adjudicaciones. Ambos, Aurich y Gowland, eran  funcionarios de SBASE durante las contrataciones con CITEPA.

Andrea Rocca, Verónica López Quesada, Juan Francisco Aurich Freire, Alberto Gowland y Sebastián Tomaghelli, así como partícipes necesarios Jorge Alejandro Palacios, Mario Agustín Aguilar, Gustavo Horacio Andonian, Claudio Ceferino Coppola, Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi  fueron imputados por delitos contra la administración pública.