Una encuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que ninguna provincia argentina cumple con la ley de cupo laboral para personas con discapacidad. La ley 22.431 fue sancionada hace más de 40 años y establece que los organismos públicos deben tener un 4 por ciento de sus puestos laborales ocupados por personas con discapacidad.

Si bien tras la puesta en vigencia de esa ley las distintas provincias sancionaron sus propias normativas o adhirieron a la nacional, en ninguno de los 24 distritos se cumple con el cupo.

La asesora de la ANDIS, Lucía Pestana, señalo que “efectivamente todas (las provincias) tienen una normativa al respecto, pero el cumplimiento es complicado, ya que muchas no tienen mecanismos de seguimiento. Algunas dicen alcanzar el  por ciento o el 3 otras aseguran que llegan al 5 pero no estamos seguros de eso”.

En junio el organismo realizó una encuesta, en el marco del Consejo Federal para la Discapacidad que permitió conocer la situación real en  la que se descubrió que las provincias no cumplen con estas normas.

Ninguna jurisdicción del país cubre el cupo del 4 por ciento dispuesto por ley. Si bien en todas se sancionaron normativas sobre el tema, no hay seguimientos y existen pocos registros. Según el INDEC, el 10,2 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad.

La encuesta permitió observar que las provincias implementan programas a través de los cuales reciben solicitudes de búsqueda laboral de personas con discapacidad. Algunos distritos trabajan en conjunto con la cartera de Trabajo nacional, mientras que otros cuentan con sus propios registros de interesados. Al respecto Pestana sostuvo que «faltan iniciativas concretas de integración laboral para que los perfiles lleguen a las empresas o instituciones. Córdoba, por ejemplo, cuenta con un circuito concreto de trabajo con el sector público y privado”

De Tierra del Fuego a Salta

En Tierra del Fuego, la Ley 48 – sancionada en 1992 – fija un cupo del 4 por ciento pero solo hay un 1,5 por ciento de empleados con discapacidad. “Hay 91 personas ingresadas por medio de esta ley”, precisó Romina Sarmiento, subsecretaria de Articulación de Políticas Sociales para Personas con Discapacidad de la provincia. Además, cuentan con programas de entrenamiento laboral donde cumplen con cuatro horas de trabajo y tienen un sueldo mensual.

“Estamos trabajando con el programa Saberes que tiene que ver con la capacitación previa a postular a alguna persona para el ingreso laboral, no solo en el Estado sino también en privados. Tenemos un área donde registramos a las personas interesadas en conseguir un empleo. Tenemos 115 personas inscriptas que convocamos a capacitarse y formarse. Incentivamos el conocimiento y lo articulamos con distintas áreas de gobierno. Con trabajadoras sociales hemos conformado algunos perfiles laborales y con eso tratamos de contactar empresas privadas. Nos encontramos en este camino”, afirmó Sarmiento.

La provincia de Salta se adhirió a la Ley 22.431 con un cupo del 4 por ciento y estaban trabajando en una normativa propia hasta que comenzaron a participar en el proceso de desarrollo de la nueva ley nacional de discapacidad. “Entonces paramos el proyecto para ver si surgen cambios con respecto a esto y así poder plasmarlos en nuestra normativa”, indicó Mariana Roman, de la Secretaría de Discapacidad de la provincia

Roman también señaló que el cupo de la norma nacional no se cumple en ningún distrito. “Hace poco tuvimos la reunión del Consejo Federal de Discapacidad y no hay ninguna provincia que lo cumpla realmente, es un problema nacional”. En Salta, aunque no llevan contabilidad de las personas con discapacidad empleadas, cuentan con un programa de perfiles adecuados en el que colaboran con la búsqueda laboral según con las necesidades y demanda del trabajo. “También brindamos cursos y formación para que se genere la necesidad y la inquietud de poder emplear a una persona con discapacidad”, agregó Roman.

“Las personas adultas con discapacidad es el gran desafío al que tenemos que abocarnos. Siempre se habla de los niños, pero no de los adultos que muchas veces están solos en sus casas, no encuentran trabajo, ni actividades para hacer. Tenemos una población muy alta de personas con discapacidad adulta, que sufre mucho porque no hay lugares para ellos en la sociedad”, manifestó la funcionaria.

Que pasa en La Rioja

En La Rioja está la ley provincial número 5097 desde 1988 y, pese que se hizo un relevamiento, por dificultades técnicas perdieron la información pero calculan que unas 80 personas con discapacidad las que están trabajando en la administración pública provincial, más los empleados en el sector privado.

Pedro Alanis, del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, dijo que “ahora tenemos que volver a hacer el relevamiento. Contamos, desde 2021, con el Registro Único de Empleabilidad para Personas con Discapacidad (RUED) de 18 a 59 años. El proyecto se realizó en conjunto con la Secretaría de Empleo, para evaluar a quienes están en condiciones de trabajo. Se hacen test para ver los diagnósticos de las y los postulantes antes de posibilitarle los lugares de trabajo».

Mendoza

En Mendoza el panorama no es alentador, “al igual que en otros lugares, cuesta mucho acceder a la información sobre discapacidad”, aseveró Monica Bascuñan, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad mendocino. Los ejemplos de maltrato y discriminación abundan: “El Hospital Pediatrico Notti creó un cargo para una persona ciega, que luego falleció y ese cargo se eliminó. Nos encontramos ante un gobierno que excluye a las personas con discapacidad de sus puestos. Tenemos dos casos en Malargüe de dos profesionales con discapacidad desvinculados de sus puestos, de manera violenta, discriminatoria e injusta”, advirtió Bascuñan.

La coordinadora aseguró que Mendoza tiene una Defensoría de las Personas con Discapacidad, pero que el organismo no cumple adecuadamente su labor. Muchos muchos programas de inserción y capacitación se descontinuaron por la pandemia y los que rigen actualmente no se difunden. A la hora de acceder, las barreras son muchas, “nos llegan muchos mensajes de profesionales con discapacidad que no pueden acceder al trabajo porque los condicionan con el psicofísico, les piden que lo hagan cada un mes y los tienen en evaluación continua. Todo el sistema funciona para no darle el trabajo a la persona con discapacidad”, denunció..

Las dificultades en el acceso

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 80 por ciento de las personas con discapacidad están desocupadas a nivel global. En nuestro país la situación no es muy distinta ya que del 10,2 por ciento de la población que tiene algún tipo de discapacidad, solo un 32,2por ciento tiene empleo, de acuerdo a datos del INDEC. “Es alto el porcentaje de personas con discapacidad desempleadas o forman parte de la economía informal. Muchas veces no pueden acceder a una Pensión No Contributiva por discapacidad porque hay una serie de requerimientos y tiene que estar en una situación de vulnerabilidad. La situación es bastante compleja para ellos”, sostuvo Alejandra García Martínez, jefa del Área de Grupos Vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“El panorama no es muy bueno porque el cupo no se está cumpliendo. Hay distintas iniciativas, muchas impulsadas por algunas organizaciones de este colectivo de personas”, explicó García Martínez y mencionó que muchas ocasiones los concursos para acceder a cargos, las entrevistas laborales  y los registros de personas en búsqueda laboral, no tienen los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder, lo cual dificulta aún más la búsqueda de trabajo.

“Los procedimientos que se utilizan no siempre contemplan las necesidades que puede tener una persona con discapacidad. En algunos casos los mecanismos no están adaptados. Hay gente muy capacitada que ha estudiado y tiene capacidad para emplearse. Hay que tomar buenas prácticas para incorporarlas. Las personas con discapacidad aportan mucho a los equipos de trabajo”, expresó García Martínez.

Capacitación para la inclusión laboral

Desde ANDIS remarcaron que todas las provincias tienen programas de formación laboral, algunos con colaboración del Ministerio de Trabajo de la Nación o articuladas con otras organizaciones. “Algunas más orientadas a oficios, otras a lo pre-laboral pero todas tienen. La formación es otra de las cuestiones a revisar porque muchas veces nos quedamos en las capacitaciones sin salidas laborales concretas, que es una de las cuestiones que venimos viendo. Hay que tener capacitaciones que apunten a las demandas sociales y productivas del mundo laboral”, señaló Pestana.

En ese mismo sentido, hay provincias que ofrecen estímulos para empresas privadas, como la provincia de Buenos Aires. “El desafío está en cómo lograr incluir a las personas con discapacidad al mundo laboral. Hay una mirada que hay que cambiar que es la del modelo médico: asistencia, subsidios y la falta de reconocimiento de sus valores. Buscamos transformar esto para que se los vea como portadores de derechos. Por eso trabajamos en la creación de una figura responsable de la inclusión y desarrollo laboral para las áreas de recursos humanos de los organismos nacionales. Buscamos lograr una bajada territorial para que se dé la verdadera inclusión”, destacó la funcionaria de ANDIS.

Cambios en la ley

En 2022 se inició un proceso para elaborar una nueva ley de discapacidad para reemplazar a la Ley 22.431 de 1981. Se realizaron encuentros en distintas provincias para debatir me modificaciones hay que hacer a la norma. “Una de las cuestiones que salió en todas las audiencias tiene que ver con medidas para hacer efectivo el cumplimiento del cupo, se necesitan medidas para efectivizarlo en lo nacional y en lo provincial. Y además incorporar un cupo para las empresas privadas. Son los elementos que se están tomando en consideración”, informó Pestana.

Para Pestana, “es importante poder pensar la inclusión laboral de acuerdo a puestos de trabajo ya existentes y es indispensable poder trabajar en el cambio de mirada con respecto a la discapacidad pensando en las condiciones, los apoyos, la accesibilidad, que necesita la persona para poder desempeñarse con igualdad de condiciones. En todos los ámbitos laborales puede haber una persona con discapacidad trabajando solo necesitamos mayores oportunidades de ingresos y apoyos”.

Respecto del ámbito privado Pestana considera necesario “incorporar en la cadena de valor el trabajo que hace la persona con discapacidad, es decir “que se promuevan compras inclusivas. Compras a cooperativas, organizaciones en las cuales hay personas con discapacidad que generan un producto que puede ser comercializado. Esta es otra de las líneas que venimos fomentando”.