La reforma laboral impulsada por el Gobierno sufrió un fuerte revés político y su tratamiento fue postergado hasta febrero ante la falta de consensos en el Congreso. La iniciativa clave de La Libertad Avanza no logró los respaldos necesarios de los bloques dialoguistas y reavivó las tensiones con la oposición y el movimiento sindical.

La reforma laboral del Gobierno volvió a quedar en el centro de la escena política tras confirmarse su postergación hasta el 10 de febrero, en un nuevo golpe para la estrategia legislativa de La Libertad Avanza. La decisión expuso las dificultades del oficialismo para construir mayorías estables y avanzar con uno de los pilares centrales de su agenda económica y laboral.

El anuncio fue realizado por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí confirmó que, pese a haber obtenido dictamen de mayoría, el Gobierno no contaba con los apoyos suficientes para llevar la reforma laboral al recinto antes del cierre del período ordinario.

En ese marco, Bullrich informó además que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, con el objetivo de avanzar no solo con la reforma laboral, sino también con los cambios propuestos en la Ley de Glaciares, otra iniciativa sensible y resistida por sectores de la oposición.

La postergación fue definida tras una reunión en Casa Rosada de la que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), junto al asesor presidencial Santiago Caputo, lo que refleja la centralidad política que el Gobierno le asigna al proyecto.

Un dictamen con apoyos condicionados

El dictamen de mayoría reunió 20 firmas entre ambas comisiones: 11 en Presupuesto y 9 en Trabajo, aportadas por senadores libertarios, radicales, del PRO y representantes de bloques provinciales de Tucumán y Corrientes. Sin embargo, muchos de esos respaldos fueron en disidencia parcial, lo que obliga al oficialismo a reabrir negociaciones si pretende garantizar la sanción definitiva de la norma.

Entre los cambios introducidos al texto original, a pedido de pymes y entidades financieras, se incluyó la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas paguen las indemnizaciones en hasta 18 cuotas, y se estableció que los salarios deberán abonarse exclusivamente en moneda nacional o extranjera, eliminando otros mecanismos de pago.

No obstante, persisten fuertes cuestionamientos al esquema de financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, ya que varios bloques reclaman que no se utilicen aportes que actualmente se destinan a la ANSES, un punto que sigue trabando los consensos.

Sindicatos, reclamos políticos y tensiones abiertas

Desde el sindicalismo, la CGT se atribuyó parte de la demora en el tratamiento parlamentario y sostuvo que las movilizaciones realizadas evidenciaron “el rechazo social” a la reforma laboral. En particular, generó fuerte resistencia la posible eliminación de derechos contemplados en convenios colectivos y estatutos profesionales.

En paralelo, el debate legislativo volvió a exhibir tensiones políticas internas. El presidente del interbloque peronista, José Mayans, reclamó la correcta integración de las comisiones —exige siete lugares y solo obtuvo cinco— y denunció el “tratamiento exprés” que intenta imponer el oficialismo. Aunque el interbloque opositor aún no integra formalmente las comisiones, participó del plenario para manifestar su rechazo.

Durante la jornada expusieron representantes de empresas, del sector judicial, de bancos, trabajadores de plataformas digitales y el gremio Sipreba, que expresó su oposición a la eliminación del Estatuto del Periodista, un punto que encendió alarmas en el sector de la comunicación.

Con este escenario, la reforma laboral queda en pausa, atravesada por resistencias políticas, sindicales y sectoriales. El desafío del Gobierno será llegar a febrero con los acuerdos necesarios para evitar un nuevo traspié legislativo que complique aún más su hoja de ruta en el Congreso.