Amnistía Internacional Argentina cuestionó la creciente agresividad de Javier Milei contra periodistas y medios. Mariela Belski advirtió que el objetivo es generar temor y autocensura.

Los insultos de Milei al periodismo constituyen, según Amnistía Internacional Argentina, un patrón sostenido que excede el estilo personal del Presidente y puede afectar la libertad de prensa. Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización, sostuvo que las descalificaciones, las restricciones al acceso a la información y las acciones judiciales contra periodistas generan un efecto intimidatorio sobre toda la profesión.

La relación de Milei con la prensa

Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei mantuvo una relación conflictiva con buena parte del periodismo. En las últimas semanas, el mandatario volvió a intensificar sus críticas y utilizó sus redes sociales y discursos públicos para cuestionar a periodistas, a quienes calificó en distintos casos como “mentirosos”, “desinformadores” o “golpistas”.

El Gobierno sostiene que esas expresiones constituyen una respuesta frente a lo que considera ataques de determinados medios y periodistas contra su gestión. Desde esa perspectiva, Milei argumenta que la prensa también ejerce violencia discursiva y que sus intervenciones forman parte de una disputa pública.

Para Belski, sin embargo, la cuestión debe analizarse desde otro lugar. La titular de Amnistía Internacional Argentina sostuvo que la libertad de prensa “no es una cuestión de modales”, sino una condición indispensable para el funcionamiento democrático.

La directora ejecutiva de la organización consideró que los episodios protagonizados por el Presidente no pueden ser interpretados como hechos aislados. Según explicó, Amnistía documentó un patrón que incluye tanto las agresiones públicas como determinadas restricciones institucionales al acceso de los periodistas a la información.

Belski señaló que cuando un Presidente descalifica públicamente a un periodista, el impacto trasciende a la persona atacada. “Preguntar tiene costo” es, según su interpretación, el mensaje que puede instalarse entre los profesionales de los medios.

En ese sentido, definió las expresiones presidenciales como un ejemplo de “discurso estigmatizante desde el poder”, una categoría utilizada también por organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa.

La dirigente citó distintas mediciones para dimensionar el fenómeno. Mencionó que Chequeado contabilizó más de 1.000 descalificaciones y ataques durante los primeros 14 meses de gestión de Milei, mientras que el Observatorio de la Palabra Democrática registró 216 agresiones durante 2025. También recordó una recopilación de alrededor de 300 mensajes realizada por La Nación durante 2026.

Denuncias judiciales y restricciones a la prensa

Uno de los puntos que más preocupa a Amnistía Internacional es la utilización de herramientas judiciales contra periodistas. Belski mencionó particularmente los casos de Carlos Pagni y Ari Lijalad y encuadró este tipo de acciones dentro del concepto internacional de SLAPP, utilizado para describir demandas estratégicas que pueden desalentar la participación pública y el trabajo periodístico.

A su entender, el problema no se limita a las consecuencias legales de cada denuncia. La presentación de acciones judiciales por parte de un Presidente puede producir un efecto intimidatorio sobre otros periodistas, organizaciones y voces críticas.

Belski también cuestionó el nuevo régimen de acreditación y sanciones para la prensa en Casa Rosada, las restricciones durante coberturas y el denominado “corralito de prensa” durante La Derecha Fest. Para la dirigente, estas situaciones forman parte de un problema más amplio relacionado con el acceso a la información pública.

Libertad de prensa: el impacto en Argentina

La directora de Amnistía reconoció que Argentina continúa en una situación diferente a la de otros países de América Latina, donde los periodistas enfrentan niveles mucho mayores de violencia física y asesinatos. Sin embargo, remarcó que el país experimentó un deterioro en distintos indicadores internacionales vinculados con la libertad de prensa.

Belski recordó además que Amnistía Internacional y FOPEA llevaron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algo que, según señaló, no era habitual en relación con la situación del periodismo argentino.

La dirigente rechazó, al mismo tiempo, la comparación planteada desde sectores del Gobierno con los ataques a la prensa durante el kirchnerismo. Consideró que hubo situaciones cuestionables durante administraciones anteriores, pero sostuvo que eso no permite justificar las actuales.

“Todo está mal: lo anterior y esto”, resumió.

Críticas al Presidente y próximos desafíos

Belski admitió que algunos periodistas también realizaron críticas particularmente duras contra Milei e incluso pusieron en discusión aspectos de su personalidad y su salud mental. No obstante, remarcó que un Presidente está sometido a un nivel de escrutinio superior al de cualquier ciudadano debido a la naturaleza de su función pública.

Desde su perspectiva, frente a una información que considera falsa o incorrecta, el Gobierno tiene mecanismos institucionales para responder: la rectificación, la desmentida con datos o, cuando corresponda, la vía judicial.

La cuestión central, sostuvo, es la proporcionalidad entre las críticas periodísticas y la respuesta de quien ocupa la Presidencia. Para Amnistía Internacional, los insultos de Milei al periodismo adquieren una dimensión institucional precisamente por el poder y la capacidad de amplificación que tiene el jefe de Estado.

Belski también vinculó el fenómeno argentino con una tendencia internacional asociada a los estilos políticos de Donald Trump y Milei. Consideró que la confrontación con los medios puede tener rédito electoral entre determinados sectores, pero advirtió que el desafío democrático consiste en preservar el derecho de la sociedad a recibir información aun en contextos de fuerte polarización política.