Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron dictamen de mayoría para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y se preparan para debatir el proyecto en la próxima sesión. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría convertirse en ley y representa uno de los mayores desafíos legislativos para el Gobierno de Javier Milei, que ha recurrido a más de 70 DNUs en menos de dos años de gestión.

La medida propone que un DNU quede derogado con el rechazo de una sola cámara del Congreso y establece un plazo máximo de 90 días para su ratificación. Si en ese período no se trata en el Parlamento, la norma presidencial perderá vigencia automáticamente, aunque se mantendrán los efectos jurídicos de lo dictado. Además, se prohíbe la emisión de decretos que aborden múltiples temas en simultáneo, como ocurrió con el polémico DNU 70/2023.

El dictamen fue respaldado por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre, sumando 35 firmas. En tanto, hubo dos despachos de minoría: uno impulsado por los libertarios con diez firmas y otro de la Coalición Cívica con dos.

El radicalismo y el PRO decidieron no acompañar ningún dictamen, lo que reduce las posibilidades de que la oposición alcance los dos tercios necesarios para resistir un eventual veto presidencial.

Durante el debate en comisiones, el presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), acusó a la oposición de “alzarse contra la Constitución”. Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, planteó diferencias técnicas sobre la caducidad automática de los decretos, aunque reconoció la necesidad de reforzar los controles legislativos.

Desde el socialismo, Esteban Paulón instó al presidente a no vetar la norma, al remarcar que “no genera consecuencias presupuestarias directas”.

De avanzar en Diputados, la sanción de esta ley limitaría seriamente la capacidad del Ejecutivo para gobernar mediante decretos, una herramienta central para Milei en el contexto de su extrema minoría parlamentaria.

La oposición buscará debatir el proyecto en una sesión especial prevista para la próxima semana, junto a otros temas sensibles como el pedido de interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Salud Mario Lugones y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de denuncias por irregularidades en la compra de medicamentos.

Con este escenario, el Congreso se encamina a un nuevo capítulo de tensión institucional en torno a los límites del poder presidencial.