La Iglesia Católica expresó su «más profunda preocupación» por la eliminación del Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata, una medida dispuesta por el Gobierno de Javier Milei en el marco de su plan de ajuste económico. Desde la Conferencia Episcopal Argentina calificaron la decisión como un retroceso que «vuelve a convertir a las víctimas en personas abandonadas por quienes deberían protegerlas».

La crítica provino específicamente del grupo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que advirtió que el fondo fiduciario no representaba un gasto para el erario público, sino que se financiaba con bienes decomisados en causas de trata y explotación de personas, así como de lavado de activos.

En un comunicado, explicaron que el fondo fue creado en 2019 mediante la Ley 27.508 y comenzó a operar en octubre de 2021 bajo un contrato de fideicomiso con BICE Fideicomisos S.A.. Este mecanismo tenía como objetivo reparar el daño sufrido por las víctimas, utilizando recursos provenientes del delito.

«No comprendemos la referencia al contexto económico actual», sostuvo la Conferencia Episcopal, y subrayaron que eliminar el fondo sin ofrecer alternativas solo aumentará la vulnerabilidad de las víctimas, muchas de las cuales han sobrevivido a situaciones de esclavitud y explotación extrema.

La medida forma parte de la decisión del Gobierno de disolver cinco fondos fiduciarios, entre ellos el destinado a las víctimas de trata. La administración de Milei argumentó que una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó falencias en el procedimiento, la falta de un manual formalizado y deficiencias en el sistema de gestión.

Sin embargo, desde la Iglesia recordaron datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que entre 2019 y 2022 registró 107 sentencias condenatorias por trata, en las cuales solo el 25,2% incluyó algún tipo de reparación económica. Estas indemnizaciones alcanzaron a 168 víctimas por un total de más de 70 millones de pesos y 16.141 dólares.

Finalmente, desde la Conferencia Episcopal concluyeron que la disolución del fondo representa una regresión en la restitución de derechos: “Lo único que hacen este tipo de medidas es convertir a las víctimas nuevamente en personas abandonadas por el Estado”.