La Corte Suprema dictó 1907 fallos por lesa humanidad desde 2004, consolidando el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina. El dato se conoce a días de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un total de 1907 fallos en causas por delitos de lesa humanidad entre 2004 y el 17 de marzo de 2026 en Argentina, en un proceso clave para la reapertura de los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y la consolidación de políticas de memoria, verdad y justicia.

El rol de la Corte Suprema en materia de lesa humanidad se consolidó a partir de una serie de fallos estructurales que redefinieron el marco jurídico argentino. En 2004, el tribunal sentó un precedente central con el caso “Arancibia Clavel”, en el que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, alineando la jurisprudencia local con el derecho internacional.

Un año más tarde, en 2005, el fallo “Simón” marcó un punto de inflexión al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, normas que habían limitado la persecución penal de los responsables del terrorismo de Estado. Esta decisión habilitó la reapertura de los juicios y reactivó investigaciones paralizadas durante más de una década.

En 2007, la Corte avanzó en la misma línea con el fallo “Mazzeo”, donde declaró la invalidez de los indultos presidenciales otorgados a militares condenados, consolidando la doctrina de que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de perdón ni amnistía.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Jurisprudencia, la Secretaría Penal y la Secretaría Penal Especial, el máximo tribunal dictó 1907 sentencias vinculadas a delitos de lesa humanidad entre 2004 y marzo de 2026. Esta cifra refleja la sostenida intervención de la Corte en causas clave vinculadas al juzgamiento de crímenes cometidos durante la dictadura.

El período analizado coincide con la reapertura de los procesos judiciales a partir de 2006, cuando comenzaron a desarrollarse nuevamente los juicios orales en todo el país. Desde entonces, el sistema judicial argentino ha sostenido una política activa en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reanudación de los juicios se dictaron 361 sentencias, con un saldo de 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Actualmente, existen 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar, lo que indica que el proceso judicial sigue abierto.

El impacto institucional de estos fallos trasciende lo jurídico y se inscribe en la construcción de memoria colectiva en Argentina. En ese sentido, el año pasado la Corte Suprema realizó un homenaje a los jueces que participaron del histórico Juicio a las Juntas de 1985, considerado un hito global en materia de derechos humanos.

Durante ese acto, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, destacó que aquel proceso constituyó un “auténtico juicio justo” en un contexto político y social complejo. Por su parte, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo calificó como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”.

En la misma línea, el juez Ricardo Lorenzetti subrayó que la política de memoria, verdad y justicia forma parte del contrato social argentino, consolidando un consenso democrático en torno a la necesidad de juzgar los crímenes del terrorismo de Estado.

A casi cinco décadas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el balance de la actuación de la Corte Suprema muestra un proceso sostenido de fortalecimiento institucional y judicial. La continuidad de los juicios en curso y las causas en investigación anticipan que el camino de la justicia por delitos de lesa humanidad aún no ha concluido.

El desafío hacia adelante radica en sostener la celeridad de los procesos, garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y consolidar los estándares jurídicos alcanzados. En un contexto de debate político y social, la jurisprudencia de la Corte sigue siendo un pilar central en la defensa de los derechos humanos en Argentina.