Según un estudio realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), de un personal de 128.696 agentes solo 2.574 son personas con discapacidad. A nivel nacional el porcentaje es del 0,61% cuando debería ser mayor al 4% del total.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple con la Ley 1502 de cupo laboral para personas con discapacidad. Así lo reveló la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en un informe publicado este año. De un total de 128.696 agentes, solo 2.574 corresponden a personas con discapacidad.

Entre las faltas señaladas por el organismo de control porteño se menciona la inexistencia de registro de personas con discapacidad de la Policía de la Ciudad y la falta de los Certificados de Discapacidad en el Registro de las Personas con discapacidad. “El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no alcanza los porcentajes de personas con discapacidad requeridos por la Ley Nº 1502”, precisa la AGCBA.

El informe indica que, vencidos los plazos, el Gobierno de la Ciudad «incumple con el porcentaje mínimo de personal con discapacidad en su plantilla» al 31 de diciembre de 2019. “Además, detalla que el registro especial creado por la Ley presenta inconsistencias y faltantes, con lo que el porcentaje que falta cumplir podría ser mayor que el evidenciado», exlicpó el auditor porteño Lisandro Teszkiewicz.

En consecuencia, se infringe la mencionada ley y también el inciso 7 del artículo 80 de la Constitución de la Ciudad que determina que el legislativo porteño debe garantizar la igualdad real de oportunidades. “El control sobre el cumplimiento de la ley es a la vez el control sobre el cumplimiento de la manda constitucional y, básicamente, sobre el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de igualar las oportunidades de acceso efectivo a los derechos de quienes se encuentran con mayores dificultades en la vida”, añade Teszkiewicz.

Controles anuales no superados

Es importante mencionar que la propia ley prevé controles anuales que se llevan a cabo, pero, según puntualizaron desde la AGCBA todos los años se exhorta a cumplir esta normativa que en octubre cumplió 21 años.

«Todos los años crece el empleo público y, sin embargo, no se contratan personas con discapacidad”, afirmó Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI)

“Vemos que pasan los años y pasan los gobiernos, las gestiones, por más que en la Ciudad es siempre el mismo y no hay indicios de voluntad política de que se quiera cumplir el cupo. Quienes gobiernan deberían empezar a poner en agenda el tema de discapacidad con otro énfasis. No vemos que sea una prioridad”, advirtió el titular de REDI.

Desde esa entidad recalcaron que el empleo es lo primero que debería garantizarse para poder comenzar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Es muy dificultoso salir a buscar trabajo porque uno tiene que salir a enfrentar los prejuicios que existen en el empleador respecto de la capacidad que uno tiene para trabajar. Por desconocimiento se termina desvalorizando lo que podemos aportar. Vemos que todos los años crece el empleo público y, sin embargo, no se contratan personas con discapacidad”, sostuvo Betti.

¿Qué pasa a nivel nacional?

Meli Garbini, quien coordina el área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo porteña, aseguró que el cupo tampoco se cumple a nivel nacional.

“Según la ley, en la Nación el cupo es del 4% y en Ciudad es del 5%. En ningún lado se cumple, es más la mayoría de las organizaciones sociales están pidiendo que ese cupo sea el piso, no el techo. Lamentablemente es muy difícil que el cupo se cumpla, sobre todo hasta que no se cambie la mirada del enfoque hacia las personas con discapacidad. En la Defensoría sí se está cumpliendo», manifestó Garbini.

La Ley 22.431 fija un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad del total de empleados del Estado Nacional. A 40 años de la sanción de esta ley, la cantidad de personal con discapacidad contratado es de 0,61%, según datos de 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. De un total de 460.506 solo 2.830 tienen certificado de discapacidad y están empleados.

Para Betti la normativa está obsoleta. “Amerita que se la reformule porque tienen un enfoque que no es el de la Convención de Naciones Unidas a la cual el país adhiere y está escrita con un vocabulario médico que no responde a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad. Desde REDI venimos pidiendo que esa ley se armonice con la convención y se empiece a pensar la discapacidad desde un modelo social”

Por último, Teszkiewicz dijo: “La discriminación existe, es real, concreta y trastoca y trunca proyectos de vida, impidiendo a las personas con discapacidad desarrollar todo su potencial. Ante esta situación el Estado resolvió en acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias promocionar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, incumplir esa manda es dejarlas libradas a su suerte sin el respaldo que por derecho les corresponde”.