El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy a Israel que suspenda su reforma del sistema judicial ante el impacto que podría tener en los derechos humanos y la independencia de la justicia, en un nuevo cuestionamiento al proyecto impulsado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aliados.

«Dado el nivel de preocupación pública y política, pido al Gobierno israelí que suspenda los cambios legislativos propuestos y los abra a un debate y a una reflexión más amplios», declaró Volker Türk, después de que el Parlamento israelí aprobara dos disposiciones, informó la agencia de noticias AFP.

El órgano legislativo dio luz verde en primera lectura dos proyectos de ley de la cuestionada reforma del sistema judicial considerada por sus opositores como una amenaza a la democracia del país.

Los diputados votaron a favor por 63 votos -y 47 en contra- dos textos que pretenden modificar el proceso de nombramiento de los jueces y declarar incompetente a los tribunales para juzgar actos o decisiones que consideren contrarios a las leyes fundamentales del país.

Otro texto de la reforma, que introduce una cláusula que permitiría al Parlamento anular por mayoría simple ciertas decisiones del Tribunal Supremo, y que levanta gran oposición, será adoptado en una fecha posterior.

Este proyecto fue anunciado a inicios de año por el flamante gobierno de Netanyahu, en el poder nuevamente desde finales de diciembre.

Netanyahu y sus aliados, un conjunto de partidos ultrarreligiosos y ultranacionalistas, dicen que el plan busca mejorar un sistema que da demasiada voz a los tribunales y a los asesores legales del gobierno sobre cómo se elaboran las leyes y se toman las decisiones.

Los críticos dicen que alterará el sistema de controles y contrapesos del país y concentrará el poder en manos del primer ministro. También acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por una serie de cargos de corrupción, de conflicto de intereses.

El enfrentamiento sumió a Israel en una de sus mayores crisis internas, agudizando la división entre los israelíes sobre el carácter de su Estado y los valores que creen que deberían guiarlo.

La propuesta del Ejecutivo genera un fuerte rechazo en la opinión pública, que lo ve como una amenaza a la democracia.

Anoche, decenas de miles de personas se congregaron frente al Parlamento israelí en Jerusalén para manifestar su rechazo al proyecto y pese al importante dispositivo policial, algunos manifestantes ingresaron al edificio, aunque no llegaron hasta el hemiciclo.

El plan de reforma judicial provocó incluso inusuales advertencias de la Casa Blanca, el principal aliado internacional de Israel.

El embajador de Estados Unidos, Tom Nides, dijo en un podcast el fin de semana que Israel debería «frenar» el proyecto y consensuar una reforma que proteja las instituciones democráticas de Israel.

Los proyectos deben ser votados en segunda y tercera lectura en el pleno para convertirse en ley.