Por Luciano Grasso*

Nuevamente por estos días se hablará de la Ley de Salud Mental. Es una de las reformas incluidas en la Ley Ómnibus y que forma parte de un conjunto de preocupantes retrocesos en materia de protección de derechos humanos de colectivos vulnerables. Intentemos aportar claridad en medio de una neblina compuesta por algunos discursos de quienes hablan sin saber, de quienes se dejan llevar por relatos que confunden intencionalmente, por voces que acceden a los medios masivos de comunicación para defender su statu quo y sus intereses corporativos y sectoriales, pero también de las dudas, sentidas y reales de muchos sectores de la población.

Nos vamos a orientar a través de 4 preguntas: ¿Cuál es el diagnóstico de la salud mental en Argentina? ¿Qué dice la Ley Nacional de Salud Mental? ¿Qué grado de implementación tiene? Y  ¿Cuáles son los cambios propuestos y por qué implican un retroceso?

¿Cuál es el diagnóstico del problema de salud mental en nuestro país?

Los padecimientos mentales, incluyendo los consumos problemáticos, forman parte de los problemas prevalentes de salud en nuestro país. La pandemia a su vez generó efectos psicosociales que los incrementaron. La mayoría de esas personas no tiene la atención adecuada. Existe una enorme brecha entre quienes tienen padecimientos mentales, y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.  A grandes rasgos, podemos afirmar que históricamente las personas con padecimiento mental, tuvieron y tienen dificultades para que ese problema sea tratado en un centro de salud de su barrio. Hay pocos especialistas en salud mental en los equipos interdisciplinarios de esos centros y el resto del equipo no tiene competencias suficientes en salud mental. Esto repercute en un déficit en la promoción y la prevención de problemas de salud mental en el territorio, y  en la detección temprana de estos problemas. Por otro lado, ante una crisis y la necesidad de atención urgente, son muchas las dificultades para la atención en las guardias de los hospitales generales. La mayoría de estos hospitales no tiene guardias de salud mental (el 8%) y sólo un tercio acepta internar por motivos de salud mental (35 %) Esta falta de atención en las guardias y de internación en hospitales generales explica los problemas con los que se encuentran muchas personas que requieren atención en crisis o internación, o sus familiares. Y por último, hay muy pocos centros de día, dispositivos habitacionales y de inclusión laboral.

El segundo problema se encuentra en el otro extremo y constituye una de las vergüenzas nacionales: la persistencia de los  manicomios. ¿Cuál es la situación actual? En el 2018, durante la gestión del Ministro Rubinstein,  se realizó un censo que permitió saber que en nuestro país hay 12.035 personas internadas en las 162 instituciones con internación monovalente, públicas y privadas. El promedio de tiempo de internación es de 8 años, y dos terceras partes de esa población no tiene criterio de internación. Es decir, no están internadas, están  viviendo en un hospital. Diversas organizaciones de derechos humanos de Argentina realizaron denuncias por malos tratos, sobremedicación, abusos sexuales, muertes dudosas, aplicación de electroshock sin protocolos, entre otras violaciones de derechos.

¿Qué dice la Ley Nacional de Salud Mental? ¿Qué grado de implementación tiene?

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 se aprobó por unanimidad en el año 2010 y es una herramienta jurídica de excelencia, reconocida y elogiada  internacionalmente. Recepta los estándares de Organismos Internacionales y tiene un fuerte consenso en diversos sectores del campo de la salud mental en Argentina. Una ley que vino a proteger derechos vulnerados: los derechos de millones de personas que requieren cuidados y atención en salud mental, y los de miles de personas que viven en hospitales psiquiátricos.  Promueve un abordaje de la salud mental integral, comunitario y basado en la atención primaria de la salud, lo cual obliga a las reformas sanitarias necesarias para su plena implementación.

Sin embargo, a 13 años de su sanción la Ley continúa sin implementarse. Salvo excepciones, las políticas de salud mental continúan sin formar parte de las políticas sanitarias integrales en nuestro país. No hubo decisión política clara para generar las reformas, incorporar profesionales, dispositivos, capacitación. El presupuesto en salud mental continúa sin superar el 2%, cuando la ley obliga a llegar al 10%.

Pasaron 13 años y la mayoría de las personas con problemas de salud mental continúa sin atención. No podemos naturalizar esta vulneración de derechos. El sufrimiento psíquico en la vida es inevitable, pero lo que sí es evitable es la iniquidad. Lo que sí es inevitable es que hoy, en este momento, mientras los diputados debaten, una persona con un sufrimiento psíquico podrá tener atención o no la tendrá, según el barrio,  ciudad o provincia donde viv, o según la cobertura social. En nuestro país, hay dolores que valen más que otros.

Y por otro lado, desde la sanción de la ley no se cerró ningún manicomio. También hoy, en este momento, más de 12,000 personas están viviendo en hospitales psiquiátricos, formando parte de esta gran deuda moral nacional que nos acompaña día a día.

Por eso hay que ser claros. La Ley no se cumple por múltiples razones y diferentes responsabilidades: Hubo y hay intereses creados para militar en contra de una ley que de alguna manera, viene a generar un proceso de democratización en el campo de la salud mental, a promover un modelo comunitario donde se priorizan dispositivos de tratamiento intersectoriales, complejos y no medicalizantes. Estos sectores le hacen decir a la ley lo que la ley no dice. Por otro lado, los cambios de paradigma también encuentran resistencia en la sociedad que se aferra al status quo. El imaginario social de la locura como peligrosa, el estigma y la discriminación continúan influyendo. Pero también existe una responsabilidad por inacción de quienes supuestamente la defienden, y que cuando tuvieron la oportunidad de implementarla no lo hicieron, y que ahora, conversos, levantan la voz reclamando por la no reforma.

¿Qué significa implementar la ley? Dar respuesta a los dos problemas: Por un lado, ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud: capacitar a quienes no son  especialistas en salud mental, fortaleciendo el primer nivel de atención, creando más servicios de salud mental en los hospitales generales. En definitiva, a través de una reforma integral del modelo de organización y de atención en salud mental hacia la creación y el fortalecimiento de “Redes Integradas de Salud Mental con Base en la Comunidad”.

¿Qué dice la Ley Nacional 26657? Que la salud mental debe ser abordada desde su complejidad, en una red comunitaria, de manera interdisciplinaria e intersectorial.

¿Qué dice de las internaciones? Que si una persona, aun estando en tratamiento, se encuentra en riesgo, los profesionales de la salud pueden y deben decidir internarla en un hospital general de manera urgente, preferentemente con su consentimiento, pero también pueden hacerlo contra su voluntad.

¿Qué dice de los manicomios? Lo que ya ha dicho el resto del mundo: forman parte de nuestra sociedad desde hace más de un siglo, y  continúan siendo un grave problema a resolver, a pesar del consenso respecto a que no son válidos desde lo científico – técnico y, sobre todo, que no hay dudas que vulneran derechos humanos.

Por eso, los manicomios, hospitales psiquiátricos o monovalentes deben cerrarse. ¿Cómo? Avanzando en el camino de su adecuación paulatina pero decidida hasta la sustitución definitiva por una red comunitaria.

¿Esto es posible en la Argentina actual? Por supuesto que sí. Algunos representantes de la resistencia al cambio, nos cuentan que esta ley es utópica, o para países nórdicos, que aquí no,  que la reforma no se puede llevar adelante porque el modelo de atención comunitario es más costoso. No es cierto. Dato mata relato y por eso también en la gestión junto a  Adolfo Rubinstein realizamos un estudio de costos. Conclusión: el modelo comunitario es menos costoso que el modelo asilar.

Entonces, el problema no es la Ley de salud mental. El problema es que hace 13 años se espera su implementación y una decisión política que sea sostenida en el tiempo. Entonces, el problema no es la ley, sino la falta de decisión política para implementarla.

¿Cuáles son las principales reformas incluidas en la Ley Ómnibus?

En primer lugar, vuelve a permitir la existencia del manicomio. Es decir, deroga la desmanicomialización, provocando un grave retroceso por el cual seremos nuevamente señalados por el resto del mundo. ¿El Gobierno Nacional está en conocimiento de la grave situación de vulneración de derechos que existe en los 42 Hospitales Monovalentes públicos en nuestro país actualmente? Está en conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó al Estado argentino a una audiencia por “Denuncias de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes en hospitales psiquiátricos en Argentina en 2019?

En segundo lugar, vuelve a incrementar la potestad de jueces y abogados, profesiones ajenas a la salud, para ordenar intervenciones terapéuticas, como una internación, o poder de oponerse a una externación, en contra de la voluntad de su defendido. ¿Cuál es la evidencia científica, documentos técnicos, recomendaciones de organismos oficiales, nacionales o internacionales que avalan la facultad de jueces y abogados defensores, profesiones ajenas a la salud, para determinar actos clínicos de salud mental, como una internación o negativa de una externación?

También se flexibilizan los requisitos para validar una internación involuntaria, es decir, una restricción al derecho fundamental a la libertad. Ampliando los criterios de internación se permitirán internaciones innecesarias, que pueden convertirse en privaciones ilegítimas de las libertades.

Y por último, se excluye del Órgano de Revisión al Estado y a la voz de usuarios/as y familiares.

¿Cuántos hombres y mujeres fueron condenados al encierro por el dedo de un juez, por el pedido de un familiar, por padecer una enfermedad mental? ¿Cuántas vidas arrasadas cargamos como sociedad? ¿Cuánto tiempo más caminaremos de este lado de esos muros de la vergüenza?

Se trata de algo simple: decidir de qué lado estamos y qué sociedad deseamos: la que mira de frente al diferente, abraza la diversidad, da lugar y acoge a todos, incluyendo a quien está al margen, vulnerable, vulnerado, excluido. O la que grita “Viva la libertad!” mientras sostiene una libertad del encierro de los manicomios.

Tenemos un imperativo moral. Es de necesidad y urgencia reparar lo dañado, restituir los derechos vulnerados, modificar lo que se ha construido equivocadamente, y diseñar colectivamente políticas públicas de salud mental a largo plazo.

Es por donde hay que ir, para que más temprano que tarde seamos definitivamente y para los tiempos, un país sin manicomios.

*Ex Director Nacional de Salud Mental