Un grupo de radicales profesionales de la salud de todo el país reclamaron la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental que fue aprobada por unanimidad de los bloques UCR

Quienes suscribimos este documento somos radicales de diferentes provincias de nuestro país, profesionales de la salud mental que bregamos por una salud comunitaria, con perspectiva de derechos humanos y por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.

Esta ley, que fue aprobada con el voto unánime de los bloques de la UCR en ambas cámaras, es una herramienta jurídica promotora y protectora de derechos, reconocida internacionalmente e inspirada en los diversos consensos y compromisos ante las Naciones Unidas, respetuosa de los acuerdos de los paises de la región. A su vez, tiene un fuerte consenso en diversos sectores del campo de la salud mental en Argentina.

Lamentablemente, a diez años de su sanción, consideramos que se ha avanzado muy poco en su implementación.

A pesar de los cambios que se han ido desarrollando en las ultimas décadas, los derechos de las personas con padecimientos mentales siguen siendo vulnerados, continúa existiendo una importante brecha entre los modelos de organización de los sistemas de salud hoy en nuestro país, y cómo debieran funcionar para dar cumplimiento al  marco normativo y a su vez dar respuesta efectiva a los problemas prevalentes de salud mental, de una manera que garantice los derechos de las personas. Esta situación se ve agravada en el contexto actual de crisis económica e incremento de la pobreza, que profundiza la brecha de accesibilidad que sufre la mayoría de las personas con padecimientos mentales.

A modo de síntesis diagnóstica, entendemos que:

• El modelo de abordaje es hospitalocentrico, individual, asistencialista unidisciplinar, biologicista y con escasa articulación entre los niveles de atención.
• Existe una brecha entre los discursos profesionales que adhieren a la salud mental comunitaria y las prácticas de estos mismos, acordes a  modelos tradicionales de atención.
• La perspectiva de género está ausente en el diseño de las políticas en salud mental.
• El abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención es insuficiente.
• La mayoría de los hospitales generales no admiten internaciones por motivos de salud mental.
• Existen escasos dispositivos intermedios para la inclusión social, como Hospitales de Día, Dispositivos Habitacionales o de inclusión laboral, ni programas de acompañamiento económico para las externaciones sustentables.
• La concentración de trabajadores y presupuesto se encuentra aún en los Hospitales Psiquiátricos.
• Es escasa la adhesión de las provincias a la Ley 26657 asi como tambien la conformación de los órganos de revisión locales.
• Se reeditan algunas opiniones contrarias a la Ley, las cuales se basan erróneamente en el mito de la peligrosidad de las personas con padecimientos mentales.

Por lo tanto, entendemos que es evidente que la implementación de la ley requiere una serie de reformas ya que, si bien se implementan dispositivos de provisión de cuidados basados en el modelo comunitario, en términos generales el modelo de atención continúa centrado en las instituciones con internación monovalentes, y en general prevalece una logica manicomial.

Dichas reformas deben ser estructurales, por lo tanto requieren del compromiso ineludible de los tres poderes del Estado y en todos sus niveles nacional, provincial y municipal, y de un imprescindible y urgente consenso de todos los actores del campo, más allá de las diferencias teoricas, ideologicas, sectoriales, corporativas y politicas.

Todos los partidos deben elaborar y suscribir un compromiso en torno a la implementación de la ley como una Politica de Estado.

Nuestro partido ha estado a lo largo de la historia, a cargo de gestiones a nivel municipal, provincial y nacional con fuerte enfasis en acciones de fortalecimiento de la salud mental desde un modelo comunitario. Por citar algunos ejemplos:

• La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental en el gobierno de Raúl Alfonsín y los avances en la gestión de Vicente Galli en el cargo,
• El proceso de desmanicomialización en Rio Negro a cargo de Hugo Cohen, un no radical convocado durante las gobernaciones de Alvarez Guerrero, de Massaccesi y Verani.
• Las actuales gestiones provinciales en Mendoza, Jujuy y Corrientes.
• La gestión de Adolfo Rubinstein a cargo del Ministerio de Salud de la Nación.

En relacion a esta última gestión radical, y siendo concientes que el camino hacia la implementación de la Ley ha tenido pocos avances desde 2010, sostenemos que hoy nos encontramos luego de esos complejos dos años, con líneas estratégicas planificadas y en desarrollo que se constituyeron en avances concretos en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, asi como tambien en oportunidades que el actual gobierno no debiera desaprovechar.

Nos referimos, entre otros avances, a:

• Primer Censo Nacional de personas internadas por motivos de Salud Mental, que permite conocer cuántas personas hay internadas en las instituciones y, también, sus características, sus necesidades y recursos para los procesos de externación.
• Formación, con el apoyo de OPS/OMS de especialistas en todo el país, con competencias para capacitar a los no especialistas en salud mental en el Primer Nivel de Atención, y asi mejorar la accesibilidad a cuidados oportunos y de base comunitaria en salud mental, de manera de superar la brecha de atención.
• Creación de Equipos de Abordaje Psicosocial (EAPS) en el marco de la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria.
• Resolución Ministerial 715/2019: Pautas de Organización y Funcionamiento de Dispositivos de Salud Mental, que son herramientas técnicas que establecen estándares para los dispositivos de la red.
• Resolución Ministerial 3250/2019 que establece pautas para que cada monovalente avance en su transformación y que pueda ser sustituido definitivamente en 3 años.

Reconocemos la complejidad de los tiempos actuales, y que la tarea a emprender dista de ser sencilla, en un sistema de salud fragmentado y en un prolongado proceso de deterioro. Ofrecemos nuestra colaboración al Gobierno Nacional en la implementación de los acuerdos mencionados anteriormente, y solicitamos su compromiso para la elaboración de una política pública hacia el cumplimiento efectivo de la Ley 26657, que continúe y profundice estas líneas estratégicas y que avance definitivamente en el cierre de los manicomios, desarrollando una red de salud mental basada en la comunidad, integrada de manera efectiva al sistema general de salud, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derecho.

Somos radicales convencidos en que el Estado debe garantizar el acceso a la salud de calidad y el derecho a una salud mental para todos y todas.

Somos radicales que nos formamos, militamos y trabajamos para ello. Y que estamos dispuestos a profundizar nuestra contribución en pos de una mejor salud mental. Porque creemos que es una responsabilidad colectiva y urgente. Y porque creemos que es posible.