El proyecto de Unity Marine podría convertir a la salmonicultura en una de las principales actividades económicas de las islas. Tras cuestionamientos ambientales y antecedentes judiciales, organizaciones locales exigen que los habitantes tengan la última palabra.

El futuro de la salmonicultura en las Islas Malvinas podría terminar convirtiéndose en una decisión electoral. Frente al avance de los estudios para habilitar granjas industriales de salmón, sectores de la población reclaman la realización de un referéndum vinculante que determine si la actividad debe instalarse o no en el archipiélago.

El debate gira alrededor de una propuesta desarrollada por Unity Marine, compañía conformada por Fortuna y la firma danesa F-land ApS.

El proyecto contempla la explotación de 16 ubicaciones costeras con una producción potencial de hasta 50.000 toneladas anuales de salmón.

La magnitud de la iniciativa provocó que la discusión excediera la cuestión estrictamente productiva y se trasladara hacia terrenos ambientales, institucionales y jurídicos.

Uno de los actores más críticos es Salmon Free Falklands, organización que considera insuficiente el actual mecanismo de consulta pública y sostiene que un proyecto capaz de modificar profundamente la economía y el paisaje costero debería contar con la aprobación directa de los habitantes.

Los cuestionamientos apuntan también a los informes técnicos utilizados para evaluar la iniciativa. Distintos especialistas señalaron que resulta necesario disponer de estudios independientes antes de autorizar explotaciones de semejante tamaño.

Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad ambiental australiana, cuestionó la solidez de parte de la documentación presentada y reclamó un análisis de costo-beneficio que contemple no sólo los ingresos esperados sino también los posibles daños ambientales y los gastos derivados de la regulación de la actividad.

Entre los temas pendientes aparece la capacidad del ecosistema para absorber los residuos producidos por miles de peces concentrados en jaulas marinas.

Los críticos advierten especialmente sobre los posibles efectos sobre bosques de algas, áreas de reproducción del calamar y poblaciones de mamíferos y aves marinas, incluyendo ballenas, delfines, lobos marinos y pingüinos.

También existen dudas sobre cómo respondería la industria frente a eventuales episodios de mortalidad masiva y cuál sería el mecanismo para retirar y eliminar grandes cantidades de peces muertos.

El abogado Tom Appleby, vinculado a la Blue Marine Foundation, cuestionó además que las autoridades utilicen información sin una verificación independiente suficientemente robusta.

Desde el gobierno malvinense rechazaron que exista una decisión tomada de antemano. La administración sostiene que los estudios disponibles forman parte de una etapa de análisis y buscan aportar evidencia para la discusión pública.

La controversia actual tiene un antecedente clave en 2022, cuando una propuesta para instalar una granja salmonera fue rechazada. Unity Marine recurrió posteriormente a una revisión judicial y consiguió que aquella decisión fuera anulada.

Ese antecedente reabrió el debate y derivó en el proceso de evaluación actualmente en marcha.

La compañía, por su parte, señala que todavía no está solicitando autorización para iniciar la explotación comercial. Según James Wallace, representante de Fortuna, la intención es establecer previamente si existe un modelo económica, ambiental y socialmente viable.

El atractivo económico es considerable. Una evaluación oficial estimó que una industria capaz de producir unas 30.000 toneladas por año podría incorporar alrededor de £35 millones a la economía local y generar 133 empleos.

Es justamente esa combinación de grandes beneficios potenciales y riesgos todavía discutidos la que llevó a los opositores a reclamar una instancia de participación más profunda.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Hasta entonces, la discusión continuará alrededor de una pregunta que trasciende a la propia industria salmonera: quién debe decidir sobre una transformación de largo plazo para las Islas Malvinas.