La reforma de la Ley de Glaciares volvió al centro del debate político en Argentina. El Gobierno impulsa cambios para atraer inversiones mineras, mientras organizaciones ambientalistas alertan sobre posibles riesgos para las reservas de agua.

La reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional avanza en el Congreso argentino y abre un intenso debate político, económico y ambiental. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado y comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados, busca modificar el marco regulatorio vigente desde 2010 para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos, una iniciativa que cuenta con apoyo de provincias cordilleranas pero que despierta fuertes críticas de organizaciones ambientalistas.

Qué establece la actual Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares (Ley 26.639), sancionada en 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial en Argentina. La norma considera a estas formaciones como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su integridad.

Entre las restricciones más relevantes se encuentran la prohibición de actividades mineras y petroleras en glaciares y en zonas periglaciares, así como la construcción de infraestructura o la liberación de sustancias contaminantes que puedan dañarlos.

La legislación también creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por organismos científicos, que identifica y monitorea estos cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes. Según especialistas, estos ecosistemas cumplen un rol clave en el suministro de agua para consumo humano, agricultura y biodiversidad.

Qué cambios propone la reforma

El proyecto impulsado por el Gobierno busca modificar algunos aspectos centrales de la normativa vigente. Uno de los puntos principales es redefinir qué áreas deben considerarse glaciares o ambientes periglaciares protegidos.

La reforma propone que solo se incluyan en la protección aquellas zonas que tengan una “función hídrica relevante”, lo que implicaría reducir el alcance de la protección actual.

Otro cambio significativo es otorgar mayor protagonismo a las provincias para determinar qué áreas deben preservarse y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas. Según el oficialismo, esto permitiría aplicar criterios más flexibles y adaptados a cada territorio.

El Gobierno sostiene que la legislación actual tiene definiciones ambiguas que frenan inversiones millonarias en sectores estratégicos como la minería del litio, el cobre y otros minerales críticos.

Debate político y críticas ambientales

La iniciativa genera una fuerte controversia entre distintos sectores políticos, económicos y ambientales.

Desde el oficialismo argumentan que la reforma permitirá “armonizar la normativa” y generar un marco regulatorio más claro para el desarrollo productivo en regiones cordilleranas. Legisladores que apoyan el proyecto sostienen que la ley vigente bloquea proyectos de inversión incluso en zonas donde no existen glaciares activos.

En cambio, organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían debilitar los mecanismos de protección ambiental y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.

Especialistas y ONG ambientales sostienen que reducir el alcance de la protección o delegar la definición en las provincias podría generar criterios desiguales y abrir la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles desde el punto de vista ecológico.

Además, algunos dirigentes opositores consideran que la reforma responde principalmente a intereses económicos vinculados a la expansión de la megaminería.

Qué puede pasar ahora en el Congreso

Luego de obtener media sanción en el Senado, el proyecto comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados en un plenario de comisiones. Allí el oficialismo busca avanzar con rapidez para lograr su aprobación en las próximas semanas.

El debate promete ser intenso, ya que distintos bloques opositores anticiparon cuestionamientos al texto y podrían proponer modificaciones.

En paralelo, organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil mantienen estado de alerta y ya convocaron movilizaciones y campañas públicas para frenar el proyecto.

La definición final dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso y del eventual consenso político que pueda alcanzarse sobre uno de los temas ambientales más sensibles de la agenda argentina.