El Ministerio de Salud defendió en el Senado una reforma de la Ley de Salud Mental que habilita internaciones involuntarias en casos de riesgo grave y otorga mayor peso a la evaluación médica. El oficialismo busca avanzar con un dictamen consensuado en las próximas semanas.

La reforma de la Ley de Salud Mental volvió al centro del debate político luego de que funcionarios del Ministerio de Salud defendieran en el Senado una serie de modificaciones que incluyen la habilitación de internaciones involuntarias y una mayor participación de médicos psiquiatras en las decisiones clínicas. El oficialismo sostiene que la normativa vigente “no funciona adecuadamente” y busca avanzar con cambios consensuados junto a bloques dialoguistas.

Durante un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado, funcionarios nacionales expusieron los principales lineamientos del proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, fue la encargada de defender la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Según explicó, la propuesta surge tras escuchar a familiares, pacientes y organizaciones civiles que cuestionan las limitaciones del esquema actual.

“La ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno y adecuado”, sostuvo González durante la exposición parlamentaria.

El debate es encabezado por las senadoras oficialistas Ivanna Marcela Arrascaeta y Nadia Márquez, quienes presiden las comisiones involucradas en el tratamiento del proyecto.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la posibilidad de habilitar internaciones involuntarias en situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.

Actualmente, la legislación vigente contempla esta herramienta únicamente bajo criterios muy restrictivos vinculados al “riesgo cierto e inminente”. El nuevo texto busca reemplazar ese concepto por un criterio “situacional”, que permita evaluar antecedentes clínicos y la evolución previsible del paciente.

Según González, el cambio permitirá “facilitar intervenciones preventivas” y evitar que el sistema actúe solamente cuando el daño ya sea irreversible.

“Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento, esa es nuestra responsabilidad profesional”, remarcó la funcionaria.

La reforma también incorpora formalmente el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental. En ese marco, la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, para el tratamiento de adicciones.

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento del rol médico dentro del sistema. El proyecto otorga un peso central a la evaluación técnico-médica, especialmente de los psiquiatras, en decisiones vinculadas a diagnósticos, tratamientos e internaciones.

Aunque se mantiene el enfoque interdisciplinario, la iniciativa establece como requisito obligatorio la participación de un médico psiquiatra en los equipos tratantes.

Desde el oficialismo consideran que la reforma responde a una demanda concreta de familias y profesionales que denuncian dificultades para intervenir ante cuadros graves de salud mental o adicciones.

La senadora Márquez afirmó que el proyecto representa “un cambio de paradigma” en materia de prevención y atención sanitaria.

“No podemos seguir esperando a que el daño sea inminente. Cuando llegamos a ese punto, muchas veces ya es tarde”, sostuvo la legisladora neuquina.

En paralelo, el Gobierno intenta avanzar con un dictamen consensuado junto a bloques dialoguistas. Sin embargo, el peronismo ya manifestó su rechazo a cualquier modificación estructural sobre la ley aprobada hace más de quince años.

Fuentes parlamentarias señalaron que la discusión promete convertirse en uno de los debates sanitarios y jurídicos más sensibles del año, debido al impacto que puede tener sobre derechos individuales, políticas públicas y criterios médicos de intervención.

El oficialismo buscará acelerar las negociaciones parlamentarias durante las próximas semanas para alcanzar un despacho de comisión que habilite el tratamiento en el recinto.

Otro de los cambios destacados establece que, ante situaciones de urgencia donde no haya un psiquiatra disponible, un médico clínico podrá ordenar una intervención involuntaria. Esa medida deberá ser revisada y ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas siguientes.

El Gobierno sostiene que esta modificación permitirá actuar con mayor rapidez en contextos críticos y evitar demoras que puedan agravar cuadros de riesgo.

La discusión sobre la reforma de la Ley de Salud Mental abre además un debate más amplio sobre el equilibrio entre autonomía individual, intervención estatal y capacidad del sistema sanitario para abordar consumos problemáticos y trastornos severos.