Desde que en 1994 la reforma de la Constitución Nacional le otorgó carácter constitucional a la Defensoría del Pueblo de la Nación, el organismo estuvo más de la mitad del tiempo acéfala, sin un funcionario al mando del mismo.

Tras crearse en 1993 tras la sanción de la ley 24.284 tuvo solo dos defensores designados por el Congreso de la Nación como establece la norma: primero fue Jorge Luis Maiorano, de junio de 1994 a 1999, y luego Eduardo Mondino, quien estuvo en el cargo desde 1999 a 2009 cuando finalizó su gestión en abril de ese año. Desde entonces, el cargo se encuentra vacante. Si bien el subsecretario general Juan José Böckel quedó al mando de la Defensoría, los legisladores no han nombrado un Defensor de la Nación que asuma las responsabilidades del cargo.

La función de la Defensoría es proteger y defender los derechos, intereses y garantías de los ciudadanos argentinos para garantizar el pleno ejercicio y cumplimiento de sus derechos. La principal tarea del organismo es ser un instrumento de diálogo entre ambas partes. Su titular debe ser designado por el Congreso, que también tiene la facultad de removerlo y su mandato dura cinco años.

¿Cómo es designado el defensor del Pueblo?

La Constitución establece en su Artículo 86 que se necesita del voto de dos tercios de los miembros presentes de cada una de las Cámaras del Congreso para designar al Defensor del Pueblo. Las comisiones bicamerales de la Cámara de Diputados y la de Senadores, destinadas a realizar la tarea de elegir un Defensor, hoy están vacías: los legisladores necesarios, siete en cada comisión, no fueron nombrados.

Además de conformar esas comisiones se debe llegar a un consenso para poder nombrar a un Defensor del Pueblo. Juan Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo señaló que “por disposición constitucional se debe llegar a un acuerdo político entre las partes para poder designarlo, cosa que no sucede desde hace 15 años. Es prioritario que el Legislativo se enfoque en encontrar puntos de acuerdo entre los distintos bloques que permitan avanzar en esta designación. Venimos insistiendo en la designación de un Defensor del Pueblo hace más de una década, realizando en 2021 una campaña de difusión con más de 40 ONGs»

Para el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, la ausencia del defensor del Pueblo «es un escándalo a esta altura. Porque lo peor de todo es que ni siquiera está en la agenda de la clase política. Ni el Congreso de la Nación, principal responsable de la ausencia, ni el ejecutivo, ni la justicia, han hecho de esta ausencia un tema de la agenda pública. Trabajar en poner el tema en agenda pareciera ser el primer paso. Hoy ni siquiera se discute en Argentina las consecuencias de la ausencia de un Defensor del Pueblo hace 15 años”.

Desde Democracia en Red resaltaron la necesidad de que el tema se ponga en agenda y sea discutido. “La ausencia de un defensor del Pueblo en Argentina durante 15 años es algo de lo que se habla poco cuando es un acto de grave irresponsabilidad política. Su ausencia es un serio problema para la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía del Estado de derecho frente a abusos o negligencias por parte de las autoridades gubernamentales o instituciones públicas”, indicó Agustín Frizzera, director ejecutivo de la organización.

Para Frizzera hay “una falta de compromiso por parte de distintas camadas de políticos que pasaron por el Congreso que, en vez de garantizar una institución fundamental para el esquema de pesos y contrapesos, prefirieron mantener a sus administraciones eludiendo el control público y avalando posibles abusos de poder”.

Estar a cargo sin facultades

Uno de los inconvenientes que acarrea que haya una persona a cargo del organismo pero sin ser designado acorde a los mecanismos  constitucionales y la ley que regula el proceso es el de  no tener las facultades para ejercer la titularidad, por lo cual, hay una serie de cuestiones que no puede realizar como la representación en juicios o la participación en el diseño de políticas públicas. Esta es lo que sucede actualmente con el subsecretario Juan José Bökel

Para Clara Lucarella, coordinadora del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de esta forma «no puede intervenir ante casos de violaciones a los derechos humanos, hacer propuestas de política pública y controlar a la administración pública. La vacancia de este organismo cobra especial relevancia en tanto se trata de una institución que fue creada con el objetivo de que pudiera estar cerca de la ciudadanía y receptar sus necesidades».

“Algunas de las funciones que podría estar cumpliendo la Defensoría son: realizar campañas para la promoción de derechos, recibir quejas y reclamos de la población ante violaciones de derechos humanos, realizar informes y evaluaciones de políticas públicas, promover causas judiciales sobre derechos de incidencia colectiva, entre otras”, agregó Lucarella, quien además subrayó que muchas de las funciones no pueden ser suplidas por otras entidades, por lo cual “es fundamental que la política salde la deuda con la ciudadanía y designe una persona a cargo».

Por su parte, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, aseguró que “uno de los principales problemas que presenta la falta de su designación es que se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión”.

El reclamo de las organizaciones

Desde hace más de 10 años, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil abocadas a las problemáticas sociales, ambientales, políticas y/o de derechos, reclaman que se nombre un titular en la Defensoría. «En un contexto de achicamiento del Estado, y retroceso de derechos humanos, el rol de la Defensoría del Pueblo se vuelve cada vez más necesario. Su falta de nombramiento a la vez es una clara deuda con la ciudadanía. El Congreso tiene que demostrar cómo construir más democracia y debe avanzar en el proceso para nombrar a una persona idónea en el cargo» sostuvo Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

En materia de igualdad de género, “tener defensor o defensora del Pueblo es una necesidad para poder reclamar y asistir cuando un derecho no se está garantizando. La ausencia de este Defensor/a deja a las mujeres sin poder reclamar ese derecho. Esta ausencia es injustificada. El Congreso está desconociendo la importancia de tener este funcionario clave para asegurar los derechos a la ciudadanía. No alcanza sancionar leyes sino asegurar que esas leyes sean una realidad para todas las personas sin diferencias de ningún tipo. En esto los parlamentarios están en una gran deuda inaceptable”, sentenció Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

“Hace años que Amnistía Internacional, tanto en campañas propias como en otras junto a diversas organizaciones, viene reclamando por la designación de una autoridad a cargo de la Defensoría del Pueblo. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo. Desde Amnistía Internacional no claudicaremos en el reclamo por tener un Defensor del Pueblo”, finalizó Belski.