El municipio, junto al Observatorio Federal de Seguridad y Justicia y la Asociación de Magistrados de Morón, impulsa una reforma en el Código Procesal Penal bonaerense para habilitar detenciones en casos de incumplimiento reiterado de restricciones judiciales en situaciones de violencia de género.

En una apuesta por fortalecer las herramientas del sistema judicial y garantizar mayor protección a mujeres en situación de violencia, el municipio de Morón y el Observatorio Federal de Seguridad y Justicia presentaron este martes un proyecto de ley que busca habilitar la detención inmediata de agresores que violen órdenes judiciales en el territorio bonaerense.

La iniciativa, propone una reforma en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de brindar una respuesta más eficaz cuando un victimario incumple medidas de restricción dictadas por la Justicia. Según el texto, el planteo apunta a “proteger mejor a las mujeres que sufren violencia de género, especialmente cuando un agresor infringe de manera reiterada las disposiciones judiciales”.

Actualmente, la desobediencia judicial está catalogada como un delito de pena baja, lo que impide una intervención rápida y deja a muchas mujeres expuestas a situaciones de riesgo. La propuesta subraya que la modificación “no agrava penas ni criminaliza nuevas conductas”, sino que establece mecanismos que permitan actuar con celeridad, facultando a jueces y fiscales a detener al agresor cuando desobedece una orden en un contexto de violencia.

Entre los comportamientos que se busca desalentar se mencionan acercamientos a la víctima, contactos directos o indirectos, hostigamiento, o la presencia del agresor en el domicilio o lugar de trabajo, aun cuando existan restricciones vigentes.

La Asociación de Magistrados de Morón también forma parte del impulso legislativo, defendiendo la necesidad de dotar al sistema judicial de herramientas que permitan intervenir de manera preventiva y efectiva ante la reiteración de conductas de riesgo.

En un escenario donde los femicidios y ataques a mujeres siguen generando alarma social, la presentación del proyecto se inscribe en una creciente demanda por políticas más contundentes que garanticen la protección real de las víctimas y eviten que la desobediencia quede sin consecuencias inmediatas.