El Estado debe ser sensible ante la situación de los inquilinos y así terminar con los abusos que vemos en mercado inmobiliario. Los aumentos de los precios y las condiciones cada vez más restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler, resultan insostenibles.

Es necesario extender el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola.
Apoyamos el reclamo de los inquilinos que sostienen que es necesario implementar un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas y el control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses.

No alcanza con un protocolo para considerar los casos extremos. Lo que ocurre con el mercado inmobiliario pide a gritos medidas profundas que adecúe el sector inmobiliario a las necesidades de la gente y no a las del mercado .