La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay se encuentra en el centro de una disputa judicial y política. A tan solo 12 días de la apertura de sobres con las ofertas, la Cámara Contencioso Administrativa Federal debe resolver un recurso presentado por la empresa belga DEME Group, que solicitó la suspensión del proceso licitatorio por considerar que el pliego favorece a la actual concesionaria, la firma Jan de Nul, en sociedad con la argentina EMEPA.

En primera instancia, el juez Enrique Lavié Pico falló en favor del Gobierno, desestimando las objeciones de DEME Group. Sin embargo, la apelación ante la Cámara mantiene la incertidumbre y podría modificar el escenario a último momento. Desde la Casa Rosada confían en que la Justicia ratifique el fallo inicial, despejando así el camino para la licitación.

La disputa ha generado una fuerte tensión política entre el PRO y el oficialismo de Javier Milei. Mientras el Gobierno defiende el proceso y argumenta que busca garantizar la competencia entre al menos dos empresas, desde la oposición persisten las críticas sobre la transparencia del procedimiento.

Además de DEME Group, otras compañías internacionales han expresado objeciones al proceso, entre ellas la danesa Rohde Nielsen, la holandesa Van Oord y la china CCC Shanghai Dredging. Todas ellas consideran que las condiciones del pliego restringen la participación y benefician a determinados actores del sector.

Más allá de la batalla judicial, el Gobierno sostiene que la futura concesión permitirá ampliar la profundidad de navegación de 34 a 42 pies en un plazo de cinco a seis años, una mejora clave para el comercio y la competitividad del país. La expectativa ahora está puesta en la resolución de la Cámara, que definirá el futuro inmediato de una de las licitaciones más importantes para la infraestructura fluvial argentina.