El proyecto de Ley Penal Juvenil impulsado por el Gobierno propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para menores. La iniciativa ya cuenta con media sanción en Diputados y ahora será debatida en el Senado.

El proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional busca reducir la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen penal específico para adolescentes que cometan delitos. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, será tratada en el Senado y forma parte del debate sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil en el país.

El proyecto propone modificar el actual régimen penal juvenil establecido por la ley 22.278, vigente desde 1980, con el objetivo de actualizar la normativa frente a la realidad del delito juvenil en Argentina.

Desde el oficialismo sostienen que el país mantiene una edad de imputabilidad más alta que la mayoría de los países de la región. En América Latina, varios Estados establecen la responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años, mientras que otros la fijan incluso en los 12.

En ese contexto, el Gobierno argumenta que la reforma busca adecuar el sistema argentino a estándares regionales y responder al crecimiento de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años.

La iniciativa generó un fuerte debate político y social, ya que involucra la relación entre seguridad, políticas de prevención del delito y la protección de los derechos de niños y adolescentes.

El eje central de la Ley Penal Juvenil es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Inicialmente el proyecto contemplaba fijarla en 13 años, pero el oficialismo aceptó elevarla a 14 durante las negociaciones parlamentarias para lograr consenso con bloques aliados.

Con esa modificación, la propuesta obtuvo el respaldo de sectores de la oposición dialoguista, entre ellos legisladores del PRO y de la UCR, lo que permitió alcanzar la media sanción en la Cámara de Diputados.

El nuevo régimen establece un sistema de sanciones graduales que contempla tanto penas privativas de la libertad como medidas alternativas de carácter socioeducativo.

Para delitos menores se prevén sanciones de hasta tres años, mientras que para delitos graves —como homicidios, abusos o secuestros— el proyecto contempla penas que pueden llegar a 15 años de prisión, con un máximo de 20 años en determinados casos.

Asimismo, el texto incluye medidas como libertad asistida, amonestaciones, trabajos comunitarios y programas educativos o de capacitación laboral, con el objetivo de favorecer la reinserción social de los jóvenes.

El proyecto combina un enfoque punitivo con un componente de resocialización. Según el oficialismo, muchas organizaciones criminales utilizan menores de edad para cometer delitos debido a que actualmente no pueden ser procesados penalmente.

La reforma intenta revertir ese fenómeno estableciendo un sistema de responsabilidad penal juvenil más claro y adaptado a la realidad actual.

Durante el debate parlamentario, especialistas en desarrollo cognitivo y neurología señalaron que a partir de los 14 años los adolescentes cuentan con mayores capacidades para comprender la criminalidad de sus actos, lo que fue utilizado como argumento técnico para fijar ese límite.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta críticas de sectores de la oposición y de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de criminalizar a jóvenes en contextos de vulnerabilidad social.

El régimen propuesto establece que los menores condenados no podrán compartir espacios de detención con adultos. Para ello se prevé la creación de institutos especializados o unidades separadas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Estos centros deberán contar con personal capacitado en áreas como niñez, salud mental y adicciones, con programas orientados a la educación y la reintegración social de los jóvenes.

El Gobierno también incluyó en la iniciativa un capítulo presupuestario específico que destina más de 23.700 millones de pesos para financiar la construcción de centros especializados y la contratación de personal técnico.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto ahora deberá ser debatido en el Senado, donde se definirá si la reforma del régimen penal juvenil finalmente se convierte en ley.