El Ministerio de Salud se encuentra en el ojo de la tormenta por una resolución que ordena el traspaso forzado de más de seis millones de afiliados de obras sociales a empresas de medicina prepaga. La medida generó un fuerte enfrentamiento entre funcionarios, mientras que los gremios ya preparan denuncias penales y denuncian una privatización encubierta del sistema de salud.

Desde el año pasado, el Gobierno busca eliminar a las obras sociales como intermediarias, argumentando que muchas funcionan como «sellos de goma» y fomentan la triangulación de fondos. Sin embargo, la nueva resolución no distingue entre aquellas entidades que presentan irregularidades y las que operan con normalidad, lo que podría afectar gravemente a miles de trabajadores y pacientes en pleno tratamiento.

La normativa establece que, a partir del 1 de febrero, aproximadamente 1,5 millones de personas serán transferidas obligatoriamente a prepagas, como parte de un proceso que abarcará a un total de seis millones de afiliados. Este cambio deja en una situación crítica a las obras sociales, que ya han pagado tratamientos y medicamentos para los próximos meses sin garantía de recibir los aportes correspondientes.

Internas y temor a denuncias penales

El enfrentamiento dentro del Ministerio de Salud escaló cuando varios funcionarios se negaron a firmar la resolución por temor a denuncias judiciales. Entre ellos, se encuentran Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, y Cecilia Loccisano, secretaria de Administración y ex esposa de Jorge Triaca, quien advirtió que la maniobra podría comprometerla legalmente.

El propio ministro de Salud evitó estampar su firma, dado que mantiene vínculos con el Sanatorio Güemes, que cuenta con su propia empresa de medicina prepaga. Finalmente, la resolución recayó sobre Roberto Olivieri, director de la Unidad Gabinete de Asesores, quien carece del rango necesario para asumir semejante responsabilidad.

Gremios en pie de guerra

Los sindicatos alertaron sobre el impacto devastador de la medida y anunciaron que presentarán denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación. Argumentan que el traspaso forzado no solo afecta la estabilidad de las obras sociales, sino que también pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos esenciales para millones de personas.

Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud ha convocado a las empresas de medicina prepaga a una reunión clave el próximo lunes, sin extender la invitación a las obras sociales, lo que refuerza la percepción de que se trata de una estrategia para debilitar el sistema sindical de salud en beneficio de las prepagas.

La medida ya está en marcha, pero las consecuencias políticas, judiciales y sociales de su implementación podrían desencadenar una crisis aún mayor en el sector de la salud argentina.