Setenta años después de los fusilamientos de José León Suárez, la titular del Juzgado Federal n°2 de San Martín, Alicia Vence, reconoció que aquellos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad y estableció la responsabilidad del Estado en su ejecución y posterior encubrimiento. La sentencia representa un hito histórico para las familias de las víctimas y para la construcción de la memoria colectiva del país.

Aunque el fallo no tiene efectos punitivos, la justicia federal consideró este hecho no como un simple hecho policial, sino un crimen perpetrado en el marco de una clara persecución política e ideológica sobre las víctimas. “Existió responsabilidad del Estado nacional argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento”, señala el veredicto leído por la magistrada.

Los asesinatos ocurrieron la noche del 9 de junio de 1956, en el marco de la represión desatada tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a un basural de José León Suárez, donde fueron fusilados sin juicio previo.

Como consecuencia de aquellos sucesos murieron Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros detenidos lograron sobrevivir a la masacre: Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.

La historia fue reconstruida y denunciada por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en Operación Masacre, obra pionera del periodismo de investigación y de la novela de no ficción en América Latina. Su investigación permitió demostrar que varios de los fusilados habían sobrevivido y reveló al país un crimen que el Estado intentó ocultar.

Durante tres jornadas de audiencias realizadas en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado a pocas cuadras del lugar donde ocurrieron los fusilamientos, familiares de las víctimas declararon por primera vez en una instancia judicial. También se incorporó el testimonio escrito de Juan Carlos Livraga, único sobreviviente de aquellos hechos que aún vive.

La sentencia no solo reconoce la gravedad de los crímenes cometidos, sino que también constituye una reparación histórica para las familias que durante décadas reclamaron verdad y justicia. A siete décadas de la masacre, el fallo reafirma el compromiso con la memoria y el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.

La decisión judicial marca un precedente fundamental al inscribir los fusilamientos de José León Suárez dentro de los crímenes de lesa humanidad, consolidando una verdad histórica que durante años fue sostenida por sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos e investigadores.